Ciudad de México. Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que si la decisión de un juez electoral es proteger los derechos humanos, es probable que esto incomode al poder.

Al igual que en la víspera, el magistrado hizo notar que los políticos actúan con un doble rasero porque por un lado interponen demandas en los tribunales pero al mismo tiempo se niegan a cumplir con las reglas cuando estas les afectan.

Este viernes, durante el congreso “Garantías de los órganos electorales: autonomía, designación y control del legislador”, De la Mata señaló que una de las preguntas más interesantes del derecho es “¿qué tiene que hacer el juzgador frente a la demanda de igualdad?”

Y ahí mismo los jueces deben decidir si quieren estar comprometidos con los derechos humanos o no y, en su caso, saber que naturalmente incomodará al poder.

En algunos contextos, expuso, los legisladores esperan que la inoperancia de las leyes sea extensiva a los jueces, “que éstos se queden cruzados de brazos y no busquen la efectividad de la Constitución y las leyes”.

Sin embargo, advirtió, los jueces no pueden quedarse cruzados de brazos, más aún en los países donde hay más desigualdad y se requieren instancias de control constitucional, aun cuando ello signifique enfrentarlos con el poder político o recibir presiones tanto del gobierno como de la oposición.

En México, subrayó, la justicia electoral se ha tomado en serio la interpretación constitucional para materializar sus contenidos; por ejemplo, desde establecer las características de la nulidad abstracta hasta la protección de los grupos discriminados.

Hacer realidad derechos de indígenas

Por otra parte, el TEPJF informó que el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, participó durante el foro permanente de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas, sesión realizada en Nueva York.

Señaló que en México alrededor de 20 por ciento de sus habitantes se autoadscriben como indígenas, por lo que la pluriculturalidad exige que las autoridades electorales reconozcan esta diversidad “y hagamos lo posible para que las personas indígenas estén representadas en los órganos de elección popular”.

El TEPJF asumió la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas indígenas a través de sus sentencias; de esta forma se han establecido acciones afirmativas para la postulación de candidaturas indígenas en cargos legislativos, como vía para reducir la desigualdad.

Citó que en las elecciones de 2018 el Tribunal determinó que se reservaran 13 distritos para candidaturas indígenas, y en los comicios celebrados en 2021, 21 distritos de mayoría relativa y nueve espacios de representación proporcional para este sector.

Actualmente la Cámara de Diputados tiene 7 por ciento de curules indígenas (36 diputaciones, 22 de estas, mujeres), lo cual ha permitido materializar la igualdad y no solo incluirla en la ley, lo mismo en favor de otros grupos históricamente discriminados.