Ciudad de México. El colectivo Cambiémosla Ya / Ley Minera llamó a los diputados a anteponer el bien común y comenzar ya el proceso de dictaminación y aprobación de los cambios a la legislación en la materia que envió el Ejecutivo, ya que de esa forma se protegerán los derechos humanos de las comunidades.

Pidió a todas las fuerzas políticas no dejar pasar más tiempo y fortalecer la rectoría del Estado sobre los bienes públicos. Agregó que los afectados y aquellas personas cuyas condiciones de vida se encuentran comprometidas por los abusos de una industria minera sin más freno que su codicia, no pueden esperar.

A ello se agrega la enorme deuda que se tiene con el pueblo mexicano al que no se escucha ni se informa, pero siempre paga las consecuencias de los abusos de la industria, indicó.

En un documento entregado en la Cámara de Diputados, advirtió que es importante decir que los argumentos que utilizan la industria y los legisladores comprometidos con ella son falsos: no se van a perder los empleos de los proyectos en operación. Otro argumento es que el periodo de 15 a 30 años es muy corto. Esto es falso: no se necesitan concesiones de hasta 100 años para una operación minera. Los proyectos mineros duran en promedio de 10 a 12 años; este proyecto de ley otorga periodos de 15 a 30 años, suficientes para operar. El resto del periodo es utilizado por las empresas para especular, lo que de ninguna manera beneficia a México.

Agregó que es hora de que los representantes populares actúen a la altura de ese cargo y se pongan del lado de los intereses de la nación y las comunidades y acaben con un esquema de privilegios, privatización y saqueo de los bienes nacionales en el subsuelo que ampara la actual ley minera.

Las modificaciones a dicha ley sientan “las bases para cambiar las reglas en la materia y con ello frenar los atropellos que durante estos 30 años han cometido, a lo largo y ancho del país, las empresas mineras en nombre de un ‘desarrollo’ que ha beneficiado a unos pocos y ha generado cuantiosas pérdidas económicas, ambientales y sociales”.