El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) “es insustituible, llegó para quedarse y para la sociedad pueda exigir a los gobiernos que rindan cuentas”, aseveró la comisionada presidenta del organismo autónomo, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Ante la situación que prevalece en el organismo, al no tener quorum legal para sesionar por la falta de la designación de dos comisionados, Ibarra Cadena reviró al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que el Inai solo cuesta siete pesos al año a cada mexicano, por lo que no es un “lastre burocrático” como lo aseguró en sus redes sociales el titular de la política nacional.

Al inaugurar la Quinta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, la comisionada presidenta del Inai puntualizó que “este instituto es el principal promotor del gobierno abierto”, por lo que van a defenderlo en todos los foros donde sea posible, pues “la supervivencia de las crisis actuales pasa por analizar la polarización social que genera desconfianza en los ciudadanos y puede provocar la conformación de sistemas autocráticos”.

En tanto, el comisionado Adrián Alcalá Méndez subrayó que sin el Inai las posibilidades de acceso a la información no sobrevivirán porque los más de 850 sujetos obligados a rendir cuentas dejarán de cumplir con entregar la información.

Aclaró que las funciones del Inai no se duplican con ninguna secretaría, como lo han señalado desde el gobierno federal, porque ni la Secretaría de la Función Pública ni el Sistema Nacional Anticorrupción puede asumir las atribuciones del Inai.

“Sus cuentas son públicas y pueden ser revisables. No escondemos nada, nada escondemos porque somos la casa de la transparencia”, aseveró en presencia de la directora general de Transparencia y Gobierno Abierto de la SFP, Grethel Pilgram Santos.

A la defensa del Inai se sumaron organizaciones de la sociedad civil, así como académicos y exconsejeros, quienes hicieron un llamado al Senado para ya no detenga los nombramientos, a la jueza décimo séptimo para que sea obedecida la suspensión, se respete la resolución y ejerza el Estado de derecho y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña para que los ministros analicen el caso de inconstitucionalidad.