En 2022, al menos 24 defensores ambientales fueron asesinados. En ese año se registraron un total de 197 eventos de agresión contra la vida, la integridad personal, las formas de vida, los bienes, así como la tierra y territorio de personas y comunidades defensoras en México, en los que se perpetraron un mínimo de 582 agresiones diversas, dio a conocer el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que destacó que estos resultados colocan a este año con el mayor número de actos de este tipo, desde 2014, cuando la organización realizó su primera investigación.

Indicó que al igual que en 2021, el sector minero fue el que más eventos de agresión registró, seguido del de biodiversidad (protección, cuidado y defensa de las áreas naturales protegidas), forestal (deforestación), vías de comunicación y el hídrico.

Gustavo Alanis Ortega, director ejecutivo de Cemda, resaltó que las agresiones contra las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales se siguen dirigiendo, principalmente, en contra de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, ya que el 56 por ciento de los eventos de este tipo fueron contra ellos.

En conferencia, al presentar un informe en la materia, expuso que el 2022 fue el tercer año “más letal, detrás de 2017 y 2021, alcanzando la cifra de 82 personas defensoras ambientales asesinadas durante la actual administración del gobierno federal”.

Entre los estados con más casos de agresiones letales en 2022 están Guerrero, con al menos siete, seguido de Chihuahua, Oaxaca y Puebla.

La Cemda detalló que de los 24 defensores asesinados, siete presentaron características de constituir probables ejecuciones extrajudiciales debido a la denuncia de participación de agentes del Estado en distintos niveles.

En cuanto a los tipos de agresión, al igual que el 2021, la más frecuente fue la intimidación con 148 registros, le siguen el hostigamiento (116), las amenazas (64) y las agresiones físicas (61 registros).

Cemda registró también que en 2022, nueve casos de desaparición, dos de ellos probables desapariciones forzadas, al igual que dos casos de espionaje relacionados con el Tren Maya y otro con proyectos en Guerrero.

En 23 de los 32 estados de la República (71.8 por ciento del territorio nacional) se registró, por lo menos, un evento de agresión. Al igual que en el 2021, Oaxaca aparece como la entidad con más casos (34), elevando la cifra con relación al año anterior en que ocurrieron 24. En segundo lugar se encuentra la Ciudad de México, con 27 agresiones, y en tercer lugar Chihuahua, con 21.

Indicó que las comunidades indígenas que más agresiones resistieron fueron las zapotecas con 27; en segundo lugar las nahuas (16 eventos de agresión) y, en tercer lugar, las comunidades tepehuanas u odamis en Chihuahua (14 eventos).

Respecto a los agentes de la agresión, Alanis Ortega que el 45 por ciento fue perpetrado por alguna autoridad de gobierno, de los tres niveles (federal, estatal y municipal), fiscalías estatales y federal; cuerpos militares con tareas de seguridad pública como Guardia Nacional.

En segundo lugar aparece el agente agresor con la categoría No identificado (21 por ciento), ubicado así ya sea por la falta de esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades o bien, debido a la falta de denuncia y, por tanto, de la investigación de las violaciones a derechos humanos y delitos perpetrados. En tercer lugar, aparece la delincuencia organizada, representando el 13 por ciento.

Ante este contexto, Alanis Ortega urgió a “atajar la impunidad, que es prácticamente del 100 por ciento. No hay investigación, no hay acusados, no hay nadie sentencia o en la cárcel. Necesitamos que el Estado mexicano deje de ser omiso y haga su trabajo como le corresponde”.

Asimismo, demandó una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales y que el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos “tenga suficientes recursos humanos y financieros, que le permitan hacer su trabajo adecuadamente”. Igualmente, “entrarle fuerte a la implementación del acuerdo de Escazú que entró en vigor hace dos años”, para garantizar un ambiente seguro.