Santiago. Los diputados chilenos aprobaron este martes dos proyectos relacionados con la migración irregular que amplían las facultades policiales en el control fronterizo y aumentan de 48 horas a cinco días el plazo para concretar su expulsión del país.

Durante los últimos años Chile, ha recibido un intenso flujo migratorio que empezó a declinar a comienzos de este año luego de que Boric desplegara un contingente militar en la frontera chilena con Perú y Bolivia para frenar la llegada de extranjeros irregulares. Según el gobierno, la cifra bajó 55 por ciento.

Los proyectos se convertirán en ley cuando sean promulgados por el presidente Gabriel Boric, en una fecha aún desconocida, y publicados en la gaceta oficial.

Las dos normas ya habían sido admitidas por las dos cámaras legislativas, pero los diputados debieron pronunciarse el martes ante las modificaciones introducidas por el Senado y, finalmente, confirmaron su respaldo a los textos. La ampliación de facultades de control policial en materia de inmigración fue aprobada por 84 votos a favor, 44 en contra y cinco abstenciones.

La facultad de control migratorio, que sólo tenía la Policía de Investigaciones (PDI), se extendió a la policía uniformada y a las Fuerzas Armadas, de manera provisoria, en zonas fronterizas. Hay un enfoque específico para el control preventivo de identidad.

La iniciativa define el procedimiento que se debe seguir en el caso de que un extranjero no pueda acreditar su situación migratoria regular durante un control preventivo de identidad. En ese escenario, el funcionario deberá registrar su identidad, trasladarlo y ponerlo a disposición de la PDI “dentro del más breve plazo” para verificar su situación migratoria.

También se aplicará a las personas con permiso de residencia vencido.

Además, uno de los dos proyectos señala que si en el momento en que la persona es puesta a disposición de la autoridad migratoria se verifica que mantiene pendientes notificaciones de expulsión, será notificada y expulsada. El plazo para la expulsión se amplió de 48 horas a cinco días.

Luego de las votaciones, la ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó de “complicadas” algunas modificaciones introducidas por el Senado, entre ellas, la que no establece plazo para que la policía uniformada que realiza el control de identidad preventivo traslade al migrante ante la presencia de la PDI.

El texto aprobado dice que se deberá trasladar a la persona “dentro del más breve plazo”. El proyecto inicial establecía una hora, pero el Senado suprimió la mención temporal.