Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia denunció que en Benito Juárez suman más de 130 inmuebles que violan el uso de suelo y tienen diversas irregularidades, como consecuencia de una probable red de corrupción entre servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios, a uno de los cuales se le solicitó dinero y realizar trabajos de reconstrucción en esta alcaldía y en Álvaro Obregón sin el pago correspondiente, para que su proyecto de City Towers “fluyera correctamente”.  

El coordinador de asesores de la FGJ, Ulises Lara López, señaló que ya se logró la vinculación a proceso de seis personas, por su presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y/o ejercicio indebido del ejercicio público. 

Mientras, cinco órdenes de aprehensión están pendientes por ejecutar, entre ellas la del ex alcalde y ex diputado local, Christian Von Roerich, quien solicitó a dicho desarrollador 820 mil pesos, dos departamentos y realizar obras de reconstrucción sin pago alguno. 

En un mensaje a medios, señaló que derivado de la aplicación de un criterio de oportunidad se ha obtenido información que confirma el modus operandi de la red de corrupción en dicha Alcaldía, que involucra a ex servidores públicos y funcionarios activos en ésta.  

De acuerdo con la denuncia del empresario, de quien se reserva su identidad, en 2015 junto con sus socios vio una oportunidad de negocio en un predio ubicado en la avenida Popocatépetl, colonia Santa cruz Atoyac, conocido como City Towers Green Black.  

Ante ello, explicó, se reunieron con servidores públicos de alto nivel de la alcaldía, uno de ellos Christian N, actualmente evadido de la acción de justicia, quien les señaló que les apoyaría en todo lo que necesitarán.  

Los detalles de esa nueva relación comercial serían a través de su operador financiero y cercano colaborador René Nicias Aridjis, ya vinculado a proceso, con quien vio diversos trámites administrativos.  

El empresario comentó que en diciembre de ese año, ambas personas lo citaron en la sede de la demarcación, donde le dijeron que debía hacer un pago de 820 mil pesos, para que su proyecto “fluyera correctamente”, lo cual hizo, en efectivo, el 16 de diciembre.  

Mientras, en marzo de 2017, las autoridades hicieron lo conducente para actualizar la manifestación de construcción de 752 departamentos originalmente planeados a 808, dos de los cuales quería comprar el ex delegado, pero no tenía dinero.  

Su modo de adquirirlos, narró el empresario, era que “le diera trabajo a su constructora y a través de esa empresa moral se realizaran los pagos de los trabajos, que no podrían ser realizados, pero que serían llevados a cabo.  

Además le exigió realizar trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones parciales de algunos edificios afectados por el sismo de 2017, para que otras empresas acreditaron las labores realizadas y recibir el dinero del apoyo para el tema de reconstrucción. 

Además, el ex delegado y ex diputado local en esa fecha, quien encabezó los trabajos derivados del sismo en Xochimilco, le pidió apoyar en la demolición de 24 inmuebles, sin recibir cantidad alguna por las labores.  

“El delegado le refirió que ese pago era a cambio de que se les permitiera seguir trabajando sin intervención de la delegación en el proyecto City Towers Green Black, pero ellos sí cobraron nuestros trabajos, a través de la emisión de facturas a su favor”, señaló el desarrollador.