Al comenzar el análisis sobre la constitucionalidad del paso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), solo dos de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han manifestado a favor de avalar esta medida, vigente desde septiembre de 2022.

El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, expuso su proyecto, que se fundamenta en la definición que se hizo en el artículo 21 de la Constitución, como una corporación civil que estaría bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Explicó que incluso, durante el debate en el Poder Legislativo, se planteó incorporar a los elementos de la GN al fuero militar, algo que fue expresamente rechazado por la mayoría.

Con base en estos, González expuso el “parámetro de constitucionalidad”, es decir, el conjunto de argumentos históricos y jurídicos en que basa su proyecto, y que parte de las primeras menciones a la GN en la Constitución de 1824.

Esta propuesta de “parámetro de constitucionalidad” fue aprobada por nueve votos, solo en contra se expresaron los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Este último señaló que no era lógico recurrir a antecedentes de 1824, pues la GN que se mencionó en esa primera Constitución no tiene nada que ver con la actual, pues aquella era definida como una milicia de ciudadanos y la actual es una corporación profesional de seguridad pública.

Además, señaló que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que lo que define a una corporación policial como militar no es la participación del Ejército o la Armada en su organización, sino la definición de sus objetivos legales.

Zaldívar hizo alusión al caso de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, que creó la Policía Federal netamente civil, y esto no fue ninguna garantía de su efectividad.

“Aquellas instituciones policiales exentas de controles disciplinarios propios del ámbito militar han probado ser mucho menos efectivas, como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad, que prevaleció nuestro país durante las últimas décadas y que favoreció la infiltración del crimen organizado entre sus filas, incluso al nivel del mando más alto”, señaló.

La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, levantó la sesión cuando aún faltaba más de media hora para las dos de la tarde, horario en que suele terminar, por lo que el debate continuará mañana martes.