Ciudad de México. Una vez que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cumplió con una sentencia que la obligaba a pagarle 195 millones de pesos a una particular, por la expropiación de un terreno para obras públicas, quedó sin efecto cualquier posible sanción en contra de los responsables del organismo.

Así lo indicaron fuentes cercanas a dicha institución, las cuales señalaron que al cubrirse el mencionado pago, se dejó sin efecto un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que mencionaba como castigo la destitución inmediata de diversos funcionarios en caso de incurrir en desacato.

De acuerdo con las personas consultadas, durante la pasada administración federal la Sedatu expropió un terreno que era propiedad de una mujer, en un proceso que registró algunas supuestas anomalías procesales, y que llevó a la dueña del predio a ampararse para exigir el pago completo por sus tierras.

Aunque la antigua propietaria estaba recibiendo el mencionado pago en cuotas, por un plazo de 20 años, un Tribunal Colegiado atrajo el amparo de la quejosa y posteriormente lo envió a la SCJN, instancia que ordenó la liquidación del adeudo en una sola exhibición. En caso contrario, hubiera sido destituido el titular de la Sedatu, Román Meyer, los dos subsecretarios del ramo y otros funcionarios.

Sin embargo, tras realizarse el pago en los términos fijados por el máximo tribunal de la nación, la sentencia quedó sin efecto, aclararon las fuentes consultadas por La Jornada.