Santiago. Desesperado por mostrar iniciativa y eficacia en atajar la ola de criminalidad que afecta a Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó un plan de intervención que involucra incrementar la presencia policial en 46 de los 346 municipios del país, aquellos donde ocurren más de la mitad de los delitos de alta connotación pública y donde reside un tercio de la población nacional.

“En el corto plazo, el Gobierno implementará un plan de intervención para disminuir los homicidios y delitos violentos denominado Calles Sin Violencia en las comunas (municipios) y sectores (barrios) con mayor concentración de estos hechos. En particular, se diseñará una estrategia de intervención específica para cada territorio en base a un trabajo coordinado con Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público”, explicó el gobierno.

Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, "el primer elemento que queremos garantizar es la persecución penal efectiva. Si hay un delito violento en esas comunas, ese va a ser perseguido y el responsable va a ser encontrado y sancionado", agregando que en la capital "no va a haber distinción entre las fronteras de las comunas".
Atenazado por una oposición derechista que no da tregua y que hizo del tema delincuencial su caballo de batalla diario para fustigar a Boric, el anuncio busca contestar la militarización reclamada por aquella, apoyada por senadores del oficialista Partido Socialista.

El Ejecutivo argumenta que este plan es parte de una "Política Nacional contra el Crimen Organizado, una estrategia de largo plazo que tiene por objetivo desbaratar organizaciones criminales, disminuyendo su poder de fuego y económico".

La percepción ciudadana de que las cosas se salieron de control, alcanzó su máximo cuando en tres semanas en marzo y abril fueron asesinados tres agentes, lo cual dio lugar a manifestaciones públicas de respaldo a las policías, repudio a los migrantes; e incluso una marcha de esposas y parejas de carabineros exigiendo protección y denunciando las carencias del material que equipa a los uniformados.

El plan gubernamental, además de aumentar la presencia policiaca "en sectores altamente conflictivos para disminuir la percepción de inseguridad, priorizando los sectores y horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios", también incluye fiscalizar el tráfico y porte ilegal de armas, los controles de identidad y la búsqueda de personas con órdenes de detención.

En cuanto a la "persecución penal efectiva", para esclarecer homicidios y delitos asociados, se crearán equipos "altamente entrenados y especializados en investigaciones criminales".

También se considera un "pilar preventivo" para 120 municipalidades donde se fortalecer la presencia del Estado en los espacios públicos, para lo cual en 2023 se destinarán unos 25 millones de dólares a programas de mejoramiento urbano.

Según ha dicho el ministro de Justicia, Luis Cordero, "el dato más relevante para explicar la actual crisis de inseguridad es el veloz aumento de homicidios con imputado desconocido", explicando que "entre 2005 y 2013, el 70 por ciento de los homicidios ocurridos en Chile tenían un imputado conocido, es decir, se identificaba y castigaba al autor", pero actualmente "con los datos de 2022, la situación -especialmente en la Región Metropolitana-, es completamente a la inversa: siete de 10 homicidios hoy no cuentan con un imputado".

Según encuestas, hasta 80 por ciento de los consultados considera que la delincuencia es el principal problema nacional y casi 70 por ciento cree que la inmigración ilegal es la causa de aquello.