Buenos Aires. Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta y ex presidenta durante dos períodos Cristina Fernández de Kirchner, informó ayer que instruyó a sus abogados para iniciar una acción judicial contra el grupo mediático La Nación, que en un programa difundido en su canal televisivo, dos periodistas de ese medio el pasado 6 de abril dijeron que la joven padecía “una anorexia nerviosa galopante” y que eso, “según los que estudian la enfermedad”, es “falta de madre, falta de nutrición materna”, y que la funcionaria “es una mujer muy resentida que no curó su resentimiento”.

Ante esto Florencia decidió actuar tomando las palabras de la Asociación Argentina de Salud Mental, reconocida en el extranjero, al condenar estos hechos, que violan leyes locales e internacionales. También agradeció toda la solidaridad local e internacional “que se han pronunciado y han repudiado este lamentable hecho”.

Entre la ola de repudio se incluyó el Comité de Expertas sobre la Mujer, de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la gravedad de las declaraciones de Laura Di Marco, y las expresiones de la conductora Viviana Canosa, quien cotidianamente insulta a Fernández de Kirchner, a su familia y al gobierno del Frente de Todos. Por lo menos hay tres demandas judiciales de entidades oficiales y de otros sectores.

Entre otros argumentos, la Sociedad Argentina de Salud Mental advirtió que “en este contexto, el trato mediático inadecuado, en este caso, evidenció la violación total del derecho a la intimidad de una persona, la ausencia de las más elementales normas éticas, pero fundamentalmente, el desconocimiento de las normas vigentes en relación al trato que los medios se encuentran obligados a cumplir según la ley”.

Desde hace más de 20 años un grupo de periodistas y medios han dejado atrás todo principio ético mintiendo, acusando, persiguiendo, insultando e iniciando operaciones destinadas a “destruir moralmente” a los dirigentes políticos y populares, y a sembrar el “discurso del odio”.

Los poderosos grupos de medios que encabeza Clarín han desprestigiado al periodismo argentino, y son calificados por instituciones de Ciencias Sociales aquí como operadores de una “guerra sucia”, que ya desbordó todos los límites y desconocen el derecho de los pueblos a recibir una información veraz, lo que debe cumplir todo periodista.

“Democracia o Mafia”, fue la consigna bajo la cual se realizó antier un acto multitudinario frente al Palacio de Tribunales donde sesiona la Corte Suprema de Justicia al que asistieron organizaciones sociales, políticas sindicales, religiosas, de derechos humanos, además de importantes y personalidades para pedir que se levante la proscripción de por vida para actuar en política a la vicepresidenta Fernández de Kirchner, la principal líder política del peronismo y del país.

Para eso también se ha lanzado el denominado operativo Clamor, que prepara movilizaciones masivas a favor y denuncias en defensa de la vicepresidenta.

La funcionaria fue condenada también a seis años de prisión en el veredicto de dos fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, pertenecientes al círculo de jueces y magistrados que conforman el llamado “Partido Judicial”, armado durante el gobierno de la derechista coalición Juntos por el Cambio. La sentencia aún debe pasar por otras instancias.

La causa armada contra Fernández de Kirchner y otros funcionarios desde 2017 aquí había sido cerrada por falta de pruebas y en el veredicto de los fiscales no hay una sola prueba.

Lo más notable en estos momentos es que desde Estados Unidos está actuando, cuando un personaje de la extrema derecha, como es el senador Ted Cruz, pidió al presidente, Joe Biden, que condene a la vicepresidenta Fernández de Kirchner con base a las acusaciones locales.

El senador ya presentó un proyecto en el Congreso de Estados Unidos mientras que regresaron en Argentina los fondos buitres, del inversionista Paul Singer, que desde 2011 conformaron una “fuerza de tarea” en esta capital para actuar contra Cristina de Kirchner y el peronismo, lo que ha quedado en evidencia la intervención del gobierno estadunidense, junto con sus fundaciones, en territorio argentino.

Hay suficiente documentación que se difundirá en los próximos días sobre este tema, lo que recalienta más el clima de la campaña electoral para las próximas elecciones de octubre próximo.