Un juez de distrito de otorgó una suspensión provisional a Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) contra la orden de aprehensión, ya que cuenta con una orden de aprehensión por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La medida cautelar frena por el momento la captura, hasta que se resuelva si el juez le concede la suspensión definitiva y en su caso la protección de la justicia federal.

González Guerrero promovió el recurso el pasado 12 de abril, donde el juez le pidió que pague una garantía de ocho mil pesos para que surta efectos la suspensión provisional.

“Se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes efectos: Respecto de la orden de aprehensión o reaprehensión, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales; o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, la ley en materia de delincuencia organizada”.

“Es decir, por los cuales el Ministerio Público invariablemente deba solicitar prisión preventiva y el Juez de Garantía o Juez de Control, según el caso, no pueda dejar de imponerla, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento”, señala el acuerdo.

El impartidor de justicia señaló que si trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido. En tales condiciones se impondrá al quejoso como medidas de aseguramiento que comparezca de manera física y personal ante el juez de su causa para la celebración de la audiencia inicial, debiendo acreditar ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento.

Además deberá comparecer de manera física y personal también ante el juez de su causa y ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido.

Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal giró órdenes de aprehensión contra los funcionarios del INM señalados como posibles responsables del incendio registrado en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas.

Los mandatos incluyen al contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, delegado del instituto en esa entidad; a Juan Meza Cumplido, subdirector del Grupo Beta en Juárez; Cecilia Rivera Tena, subrepresentante en la localidad de Rodrigo M. Quevedo, y a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de departamento de recursos materiales. De éstos, solo el primero falta por ser detenido.

Se les señala directamente como responsables de las conductas que llevaron al deceso de 40 migrantes y causaron lesiones a otros 25. De acuerdo con testimonios, González Guerrero sería quien autorizó el operativo para retener a los indocumentados en la estación migratoria, a petición de funcionarios municipales.

Por separado, Cecilia Rivera Tena, agente de Migración “B”, quien fue detenida este jueves, también inició un juicio de amparo, pero el juzgado de distrito aún no hace públicos los actos que impugna y advirtió a la promovente para que ratifique su demanda.