Madrid. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya tiene la vía libre para aprobar su polémica e impopular reforma del sistema público de pensiones. El Consejo Constitucional decidió validar la mayor parte de la futura norma, que nació de la presentación en enero pasado de un proyecto con el que se pretende retrasar dos años la edad de jubilación, de 62 a 64, aumentar un año el de las cotizaciones para poder acceder a una pensión, de 42 a 43, y finalmente suprimir numerosos derechos laborales adquiridos por una serie de colectivos del sector público. Al darse a conocer el fallo del órgano de consulta, miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades del país para expresar su rechazo al dictamen, al tiempo que los sindicatos advirtieron de más movilizaciones hasta que no se retire la reforma.

El proyecto de reforma del sistema de pensiones de Macron es ampliamente rechazado por la sociedad francesa, con un 68 por ciento frontalmente en contra del contenido y la forma con la que ha ido superando los trámites para su entrada en vigor. Eso explica que haya provocado una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años en Francia, con hasta doce huelgas generales y protestas nacionales en tan sólo cuatro meses, y con la advertencia por parte de los sindicatos de que no pararán hasta no sepultar la iniciativa.

El Consejo Constitucional es una especie de alto tribunal en el que se dirimen las controversias constitucionales en Francia, con lo que es el responsable de dar la última palabra ante alguna medida, ley o recurso en disputa. Está integrado por nueve “sabios” (como así se les denomina), entre los que se encuentran los ex políticos Alain Juppé yLaurent Fabius, además de otrospolíticos, juristas y expertos, como Jacques Mézard, Jacqueline Gourault, François Pillet, François Seners, Véronique Malbec, Michel Pinault y Corinne Luquiens, que a su vez pertenecen a distintas corrientes ideológicas, aunque la mayoría -cinco- pertenecen al entorno conservador o afín al del presidente Macron.

La decisión la adoptaron en medio de fuertes medidas de seguridad, con la sede del Consejo cerrada a cal y canto por parte de los agentes franceses y con la prohibición expresa por parte del ministerio del Interior de que se realizara cualquier tipo de manifestación o protesta en las inmediaciones.

El recurso al que respondió el órgano constitucional responde a la petición de un grupo de diputados y senadores franceses que cuestionaron las formas y el fondo de la reforma impulsada por Macron, que se valió del artículo 49,3 de la Constitución para sacar adelante la reforma por la vía del decreto y sin que se votara en la Asamblea Nacional, donde no tenía todavía los apoyos suficientes.

Pero los nueve “sabios” validaron la mayor parte de la reforma de Macron, en un fallo en el que sólo cuestionó seis artículos de la ley, curiosamente los que despertaban más aceptación entre los sindicatos y políticos opositores a la reforma. Entre los artículos que censuró destacan las disposiciones más sociales, por ejemplo, la que obliga a las empresas de más de mil empleados a crear un índice senior, para declarar los empleados mayores de 55 años. También la creación de un contrato indefinido para los parados de larga duración mayores de 60.

Con el aval del Consejo Constitucional, Macron iniciará en los próximos días los trámites para promulgación definitiva de la norma, que se prevé será en un plaza breve, una vez que el propio mandatario francés advirtió en los días previos que una vez superado el fallo del órgano consultivo se tomaría un plazo de 48 horas para su promulgación. De hecho, y quizá pensando en esos plazos, citó a una reunión a los principales sindicatos del país para el próximo martes, pero todos contestaron que mientras no retire la reforma no se sentarán a hablar con él. “Nunca más”, advirtieron.

La primera ministra, Élisabeth Borne, señaló a través de su cuenta en las redes sociales que con este fallo “tanto en el fondo como en el procedimiento, la reforma está de acuerdo con la Constitución. El texto llega al final de su proceso democrático. Esta noche no hay ni vencedores ni vencidos”.

No lo ven así desde la oposición. Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa, aseguró que “puesto que el pueblo siempre tiene la última palabra, le corresponderá preparar la alternancia que corregirá esta reforma inútil e injusta”. Mientras que desde la extrema derecha, Marine Le Pen, a quien los analistas y encuestas ven como la principal beneficiada política de esta crisis, advirtió que “aunque la decisión del Consejo Constitucional cierra la secuencia institucional, el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado”.

En las calles también se expresó el descontento por el fallo. Más de 200 protestas se registraron alrededor del país, sobre todo en las ciudades más grandes, como París, Rennes, Lyon, Nantes y Marsella. Los sindicatos llamaron a una nueva jornada de movilización para el próximo 1 de mayo y advirtieron que no pararán hasta sepultar la reforma.