Tultitlán, Mex. Familias de la colonia Ejido Fimesa II fueron tomados por sorpresa por un contingente de policías municipales con armas de alto poder, que ingresaron a su comunidad para proteger el ingreso de maquinaria pesada, que comenzó a demoler viviendas y derrumbó en minutos al menos diez o 15 de ellas a las seis de la mañana de este jueves.
“Nosotros estábamos durmiendo sin tener conocimiento de nada, llegaron y comenzaron a derrumbar las casas”, expuso Brenda Galicia, quien llorando acusó abuso de autoridad y violación de derechos humanos por parte de la autoridad municipal, pues el derrumbe de inmuebles comenzó sin notificación y con sus ocupantes dentro.
Acusó a la presidenta municipal de Tultitlán Elena García haber ordenado el despliegue del fuerte operativo de la policía a pie y de la montada, para proteger la demolición de las casas. “¡Nos las están tirando!”, gritaron vecinos afectados por el ingreso de las maquinaria a la comunidad.
Los colonos acusaron que nunca fueron notificados de la orden de un juez para desalojar o que ordenara la demolición de las casas, ubicadas en la comunidad localizada en la parte baja de la Sierra de Guadalupe.
Los afectados bloquean la Vía José López Portillo, exigen justicia y la reposición de sus bienes, pues dijeron que efectivamente integran un asentamiento irregular, en el cual habitan desde hace 12 años, que compraron sus lotes en precios de hasta 200 mil o 300 mil pesos y que construyeron casas, de cemento, tabique y lozas de hasta dos pisos.
Insistieron que antes de las 6 de la mañana llegaron abogados que les dijeron que estaban ocupando terrenos ilegalmente, que fueron comprados a defraudadores y, un “abogado que dijo ser de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), dijo que los que nos vendieron son rateros y que no debieron habernos vendido los lotes”.
“Ahorita nos piden que vayamos y denunciemos, ¿Pero por qué ahorita?, aquí hay compradores de lotes, herederos de ejidatarios. Aquí se construyó sin permiso, pero aquí en Tultitlán muchas colonias son irregulares”, insistieron los afectados.
Indicaron que el despliegue fue exagerado, cuando en dicha comunidad es de las más inseguras y no hay presencia policial, “pero para proteger un acto de desalojo y violenta demolición, ahí sí Elena envía su policía”, comentaron
Al momento en la colonia de referencia se ubican al menos 300 casas, y existe temor de los habitantes que en breve sean demolidas más viviendas.