Madrid. La multinacional española Ferrovial, que se ha convertido en una de las constructoras más poderosas e influyentes del país a raíz de sus numerosos contratos públicos para grandes obras de infraestructuras, cambiará definitivamente su sede fiscal a los Países Bajos, según se aprobó por abrumadora mayoría en la junta anual de accionistas que se celebró en la sede central de la compañía en Madrid.
Se trata de un cambio histórico, que deja atrás una larga trayectoria vinculada a España, pero que en todo caso no se desvincula de sus numerosos proyectos e inversiones. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, expresó su frontal rechazo a la operación e incluso advirtió de sanciones fiscales si se llevaba a cabo, pero aún así los accionistas respaldaron la medida y definieron las “advertencias” del Ejecutivo como “amenazas injerencistas intolerables”.
Ferrovial celebró la junta de accionistas más tensa y con más expectativa de su historia. Todas las miradas estaban puestas en el punto décimo del orden del día, que se refería precisamente al cambio de sede fiscal para, según la versión de la compañía, poder cotizar al mismo tiempo en el mercado bursátil europeo y en el de Estados Unidos, donde tiene importantes proyectos de infraestructuras, entre ellos el de la autopista de cobro inteligente en la I-66, en el Estado de Virginia.
Del Pino anunció la inminente salida de España de Ferrovial a finales de febrero pasado, bajo el argumento de que necesitaba cotizar en el mercado bursátil estadunidense para tener acceso a mejores condiciones de financiación, una cuestión esencial para la ejecución de los grandes proyectos de infraestructuras que realiza a nivel internacional. Pero el gobierno, encabezado por el presidente Sánchez, criticó con dureza la decisión y le acusó de buscar mejoras fiscales en virtud del régimen hacendario de los Países Bajos, que es más laxo con las grandes corporaciones. El enfrentamiento se recrudeció, hasta el punto de que hasta tres ministros del gobierno español advirtieron a los accionistas de las “graves” consecuencias que traería a la compañía si finalmente votaban a favor de la iniciativa de Del Pino y su equipo directivo.
Al inicio de la histórica junta, Del Pino tomó la palabra para explicar su decisión, consciente de que ya gozaba del beneplácito de la mayoría de los grandes y los pequeños accionistas de la multinacional. Y afirmó que “Ferrovial no se va de España, mantendrá actividad, empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”, pero, añadió, “la operación busca mejorar la capacidad de competir de la compañía para su crecimiento internacional y facilita el acceso a mejores condiciones de financiación, acercando la sociedad a los inversores y a los mercados de capital americanos y aumentando nuestra capacidad de inversión”. De los 856 millones que Ferrovial invirtió en todo el mundo en 2022, el mercado estadounidense acaparó el 64%, es decir 535 millones, con lo que se ha convertido en los últimos años en su principal negocia y de ahí la razón que aludió la empresa para su traslado de sede fiscal. Además justificó la decisión en la libre movilidad empresarial amparado por los tratados europeos y por las legislaciones de los países miembros.
Además del respaldo sin fisuras de los grandes accionistas, entre ellos su propia hermana, María, Del Pino también logró que se sumaran a su causa los pequeños y medianos accionistas, representados a través de varias asociaciones, entre ellas la Federación Mundial de Inversores, cuyo presidente Jean Pierre Paelinck, acusó al gobierno español “lanzar un ataque excesivo, improcedente y al borde de la ilegalidad” contra Ferrovial.
A partir de ahora se abre un plazo de un mes para ratificar la decisión adoptada por los accionistas, que también podrán ejercer su derecho de venta de acciones en el caso de que no estén de acuerdo con la operación.
Desde el gobierno español hubo una reacción dividida. Por un lado, la vicepresidenta el gobierno, la socialista Nadia Calviño, emitió un escueto comunicado en el que aseguró que “el gobierno respeta la decisión adoptada” y anunció que van “a continuar trabajando de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses e impulsar su expansión y crecimiento”. Pero desde el ministerio de Asuntos Sociales, su titular Ione Belarra, de Unidas Podemos (UP), calificó la decisión de “inaceptable” porque “supone reírse de todos los españoles, ya que su salida sólo busca evadir el pago de impuestos en España”.
