Aunque hay avances en el gobierno actual para avanzar en la autosuficiencia alimentaria con la eliminación gradual del glifosato y en evitar el uso del maíz transgénico para consumo humano, se requiere “librar la batalla” para una transición de una agricultura industrial, a una que produce alimentos de calidad, señalaron organizaciones campesinas este 10 de abril, en el contexto de la conmemoración del 104 asesinato de Emiliano Zapata.

El Movimiento campesino, indígena y afromexicano Plan de Ayala siglo 21, aunque reconoció los cambios que ha impulsado la Cuarta Transformación sostuvo que la gente no está conforme con los resultados obtenidos hasta hoy. “Sabemos que hay descontento e inconformidad entre la población rural ligada al campo”.

Señaló que “el capital no ha dejado de hacer de las suyas, ha maniobrado permanentemente durante todo lo que va del sexenio para incidir directamente o indirectamente en las políticas públicas rurales”.

Advirtió que el neoliberalismo han despojado a campesinos y grupos indígenas de territorios, ha destruido bosques y suelos, contaminado ríos y presas.

Hay “desplazamientos, control de territorios por parte del narco, políticas corruptas de funcionarios, políticas agropecuarias, acuícolas y forestales elaboradas para el capital, hasta hoy, y el poder global alimentario, continúan con la eliminación real de parte de la población rural mexicana, por eso se requiere una visión radicalmente distinta de políticas públicas rurales”.

Agregó que “no compartimos la concepción que deposita en el Estado una función monopolista respecto a la organización social”, y nos pronunciamos por el respeto a las formas autónomas de organización social campesina para impulsar la concreción de esta candidatura.

Los programas puestos en marcha durante el actual gobierno han sido muy relevantes para la economía campesina pero visiblemente insuficientes para consolidar la autosuficiencia alimentaria del país. “Es el momento de que la nueva administración federal para el periodo 2024- 2030, con el apoyo de las organizaciones sociales, busquen una vía sustancialmente diferente de desarrollo rural”, señaló.

Por su parte, José Amadeo Hernández, coordinador nacional del Congreso Agrario Permanente, dijo que existen más de 500 conflictos por tenencia de la tierra, 13 mil 911 de ejidos y comunidades de un total de 32 mil 203 núcleos agrarios registrados no tienen actualizado sus órganos de representación y vigilancia, lo cual causa “severos problemas” en las capacidades de gobernanza de la sociedad rural sobre sus territorios y propicia que actualmente millones de ejidatarios sigan viviendo en la pobreza.

Agregó que de acuerdo con el Programa Estratégico del Registro Agrario Nacional 2021-2024, en los últimas décadas se redujo en 3.5 millones de hectáreas la propiedad social en el país, al pasar de 103.2 millones de hectáreas a 99.7 millones, debido a cientos de miles de solicitudes de parcelas y tierras de uso común a propiedad plena del ejidatario titular, con lo cual cambia de régimen de propiedad.