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Imputarán a sujeto que amenazó al presidente colombiano en redes sociales

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Gustavo Petro, presidente de Colombia solicitó investigar las amenazas en su contra que circulaban en un video de la plataforma TikTok. Foto Europa Press
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Ap
05 de abril de 2023 19:10

Bogotá. La Fiscalía colombiana anunció el miércoles que imputará a un ciudadano señalado de ser el presunto autor de amenazas contra el presidente Gustavo Petro a través de redes sociales.

Petro solicitó investigar las intimidaciones en su contra que circulaban en un video de TikTok en el que un hombre lo calificó de “escoria” e indicó que si “lo tuviera en frente, yo sí le hago lo que debería haber hecho hace mucho tiempo alguien, de haberlo sacado del camino y haberlo mandado al valle de los acostados”.

La Fiscalía destinó un grupo de investigadores y expertos informáticos para esclarecer el caso y en un par de días el hombre fue identificado como Andrés Mauricio Herrera Chingate, quien tras rendir interrogatorio aceptó la responsabilidad en los hechos, según detalló la Fiscalía en un comunicado.

Herrera Chingate será imputado por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos y de ser hallado culpable podría ser enviado a prisión hasta por diez años.

Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en el país, denunció amenazas contra su vida el año pasado durante la campaña electoral, por lo que en sus discursos en plaza pública era custodiado con un grupo de escoltas con escudos y con militares que vigilaban los edificios aledaños.

La víspera, el usuario de TikTok @andrumau2023 que transmitió los mensajes contra Petro, explicó en la misma red social que el video fue “manipulado de forma malintencionada”, porque aunque dice que realizó comentarios “un poco fuertes sobre temas políticos”, no tuvo la intención de generar algún acto violento contra Petro o cualquier colectivo político.

A raíz de la denuncia, el usuario pidió a las autoridades proteger su vida y la de su familia porque ha recibido amenazas. También que le sean garantizados sus derechos a la defensa y al debido proceso.

 

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