Mexicali, BC. Resultado de una consulta entre la población indígena originaria y asentada en esta entidad, el Congreso local decidió garantizar la representación indígena y afromexicana en el Poder Legislativo y en los cabildos con perspectiva de género y en condiciones de igualdad sustantiva.
El Congreso local aprobó la reforma al artículo 7 de la Constitución Política de Baja California incorporar los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas radicados en Baja California, a propuesta de la diputada morenista Evelyn Sánchez.
La iniciativa de Evelyn Sánchez presentada el 20 de septiembre de 2021 requirió de una Consulta Indígena 2023 en la que participaron los 25 legisladores, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal Electoral.
La legisladora por Morena advirtió que se trató de un proceso colectivo, intenso y de mucho esfuerzo en donde se obtuvo un gran resultado, en beneficio de todas las personas indígenas y afromexicanas de Baja California.
Con base en acciones afirmativas en favor de los pueblos indígenas, las diputadas Evelyn Sánchez (mixteca) y Dunnia Montserrat Murillo (cochimí) resultaron electas en los comicios de 2021 al ser postuladas por Morena.
La diputada Murillo hizo una reserva durante la votación de la reforma constitucional para precisar a los pueblos indígenas nativos: kiliwa, kumiai, paipai, cucapá, cochimíes y ku´ahles.
En el dictamen 1 de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas y Bienestar Social se establecen las bases para el ejercicio de derechos políticos de las personas indígenas, con respeto a la perspectiva de género en condiciones de igualdad sustantiva en el ejercicio de sus derechos a votar y ser votados.
El diputado Juan Manuel Molina dijo que el primer logro de esta legislatura fue revestir la importancia del tema indígena e integrar una Comisión Indígena que es dictaminadora.
Nunca en la historia de Baja California se había llevado a cabo un proceso con una fase informativa y otra consultiva, en la que se instalaron 12 sedes simultáneas, se contó con la participación de cientos de personas indígenas y afroamexicanas para integrar sus opiniones en el contenido de la reforma constitucional, sostuvo Molina.
