Los gobernadores de la Cuarta Transformación señalaron que debe ser revertida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la arbitraria decisión del ministro Javier Laynez Potisek de suspender la aplicación de la reforma electoral también conocida como Plan B.

En una carta dirigida a la ciudadanía, dijeron que tal como ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, la decisión del juzgador debe revertirse, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento.

Recordaron que el 24 de marzo, Laynez admitió a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y le otorgó la suspensión contra el plan B, el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del órgano electoral.

Los gobernadores señalaron que la determinación del ministro es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden la controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales. Además violenta el equilibrio de poderes en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legitima depositada en el poder legislativo.

Destacaron que las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE. Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen.

Los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como el dirigente de Morena apuntaron que es inevitable ver en la decisión del ministro el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables.

La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía, subrayaron.