Morelia, Mich. Localizan sin vida a Eustacio Alcalá Díaz, líder comunitario de medio ambiente de San Juan Huitzontla, municipio de Chinicuila, quien desapareció el pasado 1 de abril, en las inmediaciones de su pequeño pueblo, ubicado en los límites con Aquila. La víctima encabezó la lucha por lograr la cancelación de una concesión minera.
En esta misma región nahua, el pasado 15 de enero, luego de encabezar una asamblea comunal en la cabecera municipal de Aquila, desaparecieron el líder de esta población, Antonio Díaz Valencia y el abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca, de quienes a la fecha no se sabe su paradero.
Alcalá Díaz estuvo al frente de la lucha de San Juan Huitzontla contra la delincuencia organizada desde 2012, que en reiteradas ocasiones intentó extraer mineral de hierro de manera ilícita. Asimismo, el líder indígena de 66 años de edad, fue jefe de tenencia en esta pequeña población de 190 habitantes.
El organismo defensor de derechos indígenas exige sea aclarado el crimen de este líder comunal que después de más de tres años de lucha se logró ganar el amparo a la dependencia federal y frenar de esta forma la extracción de hierro de las tierras de San Juan sin que se hubiese realizado la consulta y el proceso judicial que exige la ley.
El pasado 21 de enero, el juez sexto de distrito con sede en Uruapan, Michoacán, concedió un amparo a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, ubicada en la zona serrana del municipio de Chinicuila, contra el otorgamiento por parte de la Secretaría de Economía de títulos de concesión minera, por estimar que con ello se ignoró el derecho de la comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada, indicó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Prodh).
A más de tres años de iniciado el proceso legal, en el que la comunidad ha sido representada legalmente por el Centro Prodh, la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 590/2018 reconoció la violación a los derechos de la comunidad indígena y declaró la suspensión de los títulos de concesión minera a dos empresas –sin decir nombres- hasta que la comunidad sea consultada.
A través de un comunicado el Centro Prodh confía en que la Secretaría de Economía del gobierno federal debe abstenerse de impugnar, tomando en cuenta cuál ha sido la posición política del gobierno federal a favor de la defensa de los derechos indígenas.
