Uno de los migrantes que resultó quemado durante el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, murió al ser trasladada al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación, por lo cual el número de víctimas mortales de estos hechos ascendió a 40, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En una tarjeta informativa, la dependencia informó que hay 27 sobrevivientes del incendio, de los cuales 23 están aún hospitalizados.
Seis de ellos fueron trasladados en ambulancias aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Sedena) y del IMSS, al CENIAQ y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ambos en la Ciudad de México.
La SSPC adelantó que este lunes continuará el traslado de las víctimas que lo requieran a la capital del país, para darles la atención médica más adecuada a sus lesiones.
“En el caso de los pacientes en estado de pre-alta, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del IMSS en Ciudad Juárez, lo que nos permitirá tener en un mismo espacio a quienes presentan una mejoría notable. Así se podrá avanzar en los trabajos que realizan la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuyo personal, entrevista a las víctimas y esta última, les brinda asistencia a ellas y a sus familias”, agregó la secretaría.
Respecto al contrato que tenía el Instituto Nacional de Migración (INM) con el Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V., que custodiaba la estación incendiada, se informó que tenían un primer contrato con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por el que se erogaron 151 millones 439 mil 389 pesos.
Este año el INM decidió darle continuidad al contrato original, para el periodo de 01 de marzo al 31 de diciembre de este año 2023 se estableció uno nuevo, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones, el cual será rescindido, como se anunció hace unos días.
La SSPC reveló que también el IMSS tenía detectado que Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. tenía registrados ante el instituto sólo a 30 trabajadores, cifra que aumentó a 44 en febrero y a 417 el 31 de marzo, cuatro días después de la tragedia.
Por ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía. Esta información está en manos de la Fiscalía General de la República para las investigaciones a que haya lugar.
Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que se llevó a cabo reunión del Grupo de Acción Inmediata (GAI) con personal de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, para informar de las acciones para ayudar a las víctimas del incendio.
“Como gobierno, tenemos una política de cero corrupción y cero impunidad, por lo que llegaremos hasta las últimas consecuencias. No se protegerá a nadie. La política migratoria se basa en el principio de respeto a los derechos humanos”, afirmó la SSPC.
