Monterrey,NL. En Nuevo León operan 718 casas de empeño, sin que al momento haya regulación para su funcionamiento, por lo que la bancada del PRI en el Congreso Local, promueve una iniciativa para ejercer control sobre estos establecimientos.

La diputada local priista, Alhinna Vargas García, informó de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la entidad operan 718 casas de empeño de las 8 mil 578 que existen en el país.

Vargas García presentó una iniciativa para que se cree una ley que regule las casas de empeño.

La legisladora indicó que la propuesta es que los establecimientos cuenten con un registro estatal y cada año se les renueve el permiso, además de que los contratos que firmen con el cliente sean autorizados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como que las tasas de interés y comisiones no sean desproporcionadas.

“A nivel federal no existe una ley que regule a las casas de empeño, solamente tienen la obligación de registrarse en la Prefeco, por lo que en algunas entidades federativas se han dado a la tarea de legislar en esta materia, como es el caso de Durango, Coahuila, Oaxaca y otras más”, expresó Vargas García.

Agregó que actualmente según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los negocios establecen tasas de interés muy variables, que van desde un 25 por ciento a un 90 por ciento, que, aunado a otros cargos como el avalúo, almacenaje, entre otros, aumentan el monto de los créditos.

“A diferencia de los préstamos bancarios, las casas de empeño prestan a cualquier persona sin importar el historial crediticio, ni preguntar por sus ingresos, ni necesitan un aval, porque el préstamo es garantizado con la prenda o prendas que deja como garantía”, indicó la diputada priista.

Por ello, es importante regularlas para que sigan siendo un negocio redituable, pero sin abusar de sus clientes, que son la mayoría de las veces, personas en situación de pobreza”, señaló.

También planteó que los establecimientos tengan visible la tasa de interés y comisiones que cobra, cuenten con póliza de seguro que responda por la pérdida de las prendas, soliciten al cliente factura de la prenda y que el Estado a través de la Secretaría de Finanzas realice un programa de inspección.