Ciudad de México. La defensa de Emilio Lozoya Austin anunció que “solicitará de inmediato, mediante un escrito dirigido al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –Pablo Gómez–, que se fije fecha y hora para proceder con la redacción de los acuerdos correspondientes”, con el propósito de que el gobierno federal y el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) lleguen a un acuerdo reparatorio y se ponga fin a los procesos penales por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

En un comunicado de prensa, el abogado Miguel Ontiveros Alonso anunció que conforme a lo mencionado en una tarjeta informativa emitida por la UIF el pasado viernes y que se puede consultar en la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se solicitará fecha para la redacción de los convenios, toda vez que la institución financiera indicó:

La postura del gobierno de México sería favorable a un acuerdo reparatorio si se dieran las condiciones procesales que en este momento están bloqueadas por la defensa y se definieran el monto y demás términos.

En caso de que se concrete el acuerdo, la defensa de Lozoya Austin deberá desistirse del amparo promovido en el cual cuestiona la legitimación de la UIF y Pemex como partes afectadas por haber recibido 10.7 millones de dólares en sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México, en el primero de los casos para la asignación de contratos de obra y en el segundo para la adquisición de la planta Agronitrogenados.

La defensa de Lozoya Austin señaló que es de dominio público que existe la voluntad de “arribar a un acuerdo reparatorio y a un criterio de oportunidad.

De ahí que los recursos interpuestos contra las resoluciones judiciales se han verificado en el marco de una defensa adecuada ante el avance de los procesos instaurados en contra de nuestro representado y su familia promovidos por las autoridades.

El litigante sostuvo: coincidimos totalmente con la UIF en la voluntad de materializar los acuerdos y proceder con la firma de los documentos ante el órgano jurisdiccional.