Como parte de las acciones emprendidas por el gobierno federal para sancionar a los responsables de la muerte de 39 migrantes y haber causado lesiones a 28 más en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó judicialmente a cinco presuntos involucrados.

Además, se informó el cierre definitivo de esas instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), y que los extranjeros que estaban en la estación serán trasladados al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, una institución de puertas abiertas, informaron la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.

En conferencia de prensa, Herrerías indicó que conforme avancen las indagatorias se determinará si hay responsabilidad de altos mandos del INM en lo sucedido en días pasados.

La funcionaria de la FGR indicó que luego de celebrarse la audiencia inicial y de imputación en contra de presuntos responsables de la muerte de los migrantes, los abogados de los acusados –identificados como agentes del INM– Daniel N, Rodolfo N y Gloria Liliana N; un guardia de la empresa de seguridad ubicado como Adán N, y el ciudadano venezolano Jason N –quien presuntamente inició el fuego en las celdas–, solicitaron que se defina la situación jurídica de sus clientes hasta el 4 de abril.

La FGR presentó cargos de homicidio y daño en propiedad ajena en contra de tres agentes del INM y dos agentes de seguridad privada, y el juez que conoce del caso determinó dictar como medida cautelar que permanezcan en prisión preventiva.

Contrato irregular

El gobierno mexicano puntualizó que el contrato del INM con la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa (que tenía personal de custodia laborando en la estación migratoria de Ciudad Juárez), se otorgó por adjudicación directa y que le permitía prestar sus servicios en instalaciones de este organismo, ubicadas en 23 estados de la República.

El contrato, informó Rodríguez Velázquez, quien dio a conocer el acuerdo completo entre la empresa Camsa y el INM (el documento puede ser consultado en la página web de La Jornada) vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, y que tenía como monto mínimo 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones, será rescindido.

Precisó que se inició el proceso sancionador administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada, debido a que incurrió en al menos nueve omisiones.

Protestas de familiares de los detenidos

La titular de la SSPC expuso respecto a los señalamientos del grupo de empleados del INM y familiares de los detenidos: “a quienes se movilizaron, nosotros no vamos a cometer injusticias. La investigación llegará hasta donde tope, habrá un deslinde muy claro de responsabilidades.

Los familiares pueden estar seguros de que se trata de una investigación clara y a fondo, se trata de homicidios, un delito muy grave, y no podemos permitir que haya impunidad en este hecho.