Ciudad de México. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que asiste a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace ocho años y medio, ha insistido frente al presidente Andrés López Obrador que la Secretaría de la Defensa Nacional les permita acceso pleno a información “fundamental” que,pese a las evidencias, la institución castrense sigue negando.

Ayer, en conferencia de prensa para la presentación de su quinto informe, los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain denunciaron una vez más acciones de obstrucción de la investigación y ocultamiento deliberado de información crítica por parte de mandos del ejército. Aseguraron que el GIEI y los órganos investigadores “han tenido información y prueba de que dichos documentos, de fechas que abarcan desde septiembre a noviembre de 2014, fueron movidos y concentrados en un lugar determinado” (no saben cual) a partir de mayo del año pasado.

Explicaron que en tres ocasiones distintas, en las reuniones que han sostenido las familias de los normalistas, sus defensores, el GIEI y autoridades militares y civiles en Palacio Nacional con el mandatario, insistieron ante el secretario de la Sedena Luis Cresencio Sandoval la entrega de todos los documentos de monitoreo de conversaciones telefónicas entre elementos de Guerreros Unidos, que realiza el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), y que podrían acercar a los investigadores a dar con el paradero de los 43 de Ayotzinapa.

Finalmente, en una tercera ocasión que se produjo este intercambio de petición y negativa, el jefe del ejecutivo, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, expresó, esta vez por escrito, una nueva orden a la Sedena de “abrir todos los archivos”. Fue a principios de febrero. Ayer, los integrantes del GIEI informaron lo anterior y agregaron que “ya hay una respuesta” de los militares. “La semana entrante la vamos a evaluar con el presidente”, apuntó la jurista colombiana, Buitrago.

Los militares incluso niegan la existencia (comprobada con documentos) del Centro Regional de Fusión de Inteligencia-Iguala. Hay otros cuatro en territorio nacional.

La reiterada petición de documentos –al menos entre 80 y 90, de una serie numerada-- se refiere particularmente al material de monitoreo y análisis generado por el CRFI de Iguala. La fiscalía y el GIEI cuentan con algunos documentos, no la serie completa. El general Sandoval no solo ha negado la existencia de este centro sino que incluso ha pedido “que se investigue” a quienes señalan lo contrario.

Buitrago y Beristain exhibieron en pantalla la imagen del cabezal de un documento clasificado de la Sedena, catalogado como “secreto” y “urgente”, con fecha 15 de octubre de 2014. Está dirigido al CRFI Centro, Iguala y al comandante de la IX Región Militar en Cumbres del Llano, Guerrero. En el V Informe se muestra un documento similar, pero con fecha 16 de septiembre. Por la reserva del caso, no dieron a conocer el contenido los documentos.

Los documentos específicos que solicita el GIEI contienen datos “fundamentales” para conocer el paradero de los 43 muchachos. Es el monitoreo y transcripción que se hizo de las intercepciones telefónicas (no mensajes de texto) de conversaciones entre miembros de Guerreros Unidos, involucrados en el secuestro y desaparición de la noche de Iguala. Son conversaciones entre el Gil y otro de nombre Ignacio por un lado y entre Ramón y El Cholo, quien le dice al primero: “Le encontraron a Gil todas las fosas”.

Techo de cristal, hoyos negros

Siete meses atrás, en septiembre de 2022, se produjo un “quiebre de la confianza” entre las familias de las víctimas de Ayotzinapa y el gobierno federal a partir de que, por lo que el GIEI llamó una “intromisión indebida” de la Fiscalía General de la República. Dejó la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) el fiscal asignado Omar Gómez Trejo y varios de sus ministerios públicos. En protesta, se retiraron de la GIEI dos de los expertos. Por compromiso con los padres, permanecieron Buitrago y Beristain trabajando en una nueva etapa.

Ayer concluyó su mandato, que por acuerdo con el gobierno se extenderá un nuevo plazo de tres meses más, hasta junio. Al rendir su quinto informe, expusieron en detalle los avances logrados estos últimos meses de reconstrucción de relaciones con el nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra.

Y también, los muchos casos de obstrucción de la investigación, ocultamiento de información crucial, declaraciones falsas, presiones de funcionarios del Cisen a la UEILCA para que no se usen evidencias (específicamente la tortura de los presuntos perpetradores, para que generaran testimoniales para avalar la “verdad histórica” del sexenio anterior), omisiones en la ejecución de órdenes de aprehensión, entre otros.

Una situación descrita por Beristain como de “techo de cristal” (que no permite acceder a niveles de información más allá de los topes impuestos por las autoridades) y “hoyos negros” por donde se fugan evidencias y documentales importantes.

Avances y un pequeño resquebrajamiento del “pacto de silencio”

Entre los avances más importantes citaron los siguientes:

La UEILCA consolidó el expediente del ex procurador Jesús Murillo Karam, procesado por obstrucción de la justicia, desviación de la investigación, tortura y desaparición forzada.

Se lograron acuerdos para reactivar varias órdenes de captura contra presuntos perpetradores o encubridores que habían sido anuladas el año pasado. Entre estas hay cerca de 20 militares. El GIEI considera que al menos seis de estas son prioritarias.

Se ha generado la posibilidad de que el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad del Caso Ayotzinapa Alejandro Encinas concerte con autoridades de Estados Unidos para la extradición de los involucrados que huyeron y pidieron asilo. Es el caso del juez de barandillas de la comisaría policial de Iguala, Ulises Bernabé, que la noche del 16 de septiembre de 2014 tuvo retenidos, maniatados y tirados en el piso, a al menos 17 jóvenes hoy desaparecidos. Lo negó pese a las evidencias. Al tener pendiente una orden de aprehensión pidió asilo en Arizona, con declaraciones falsas.

También es el caso de Tomás Zerón, de Averiguaciones Previas de la antigua PGR, coordinador del war room que diseñó la “verdad histórica” de Murillo Karam. Está en Israel.

Otro avance se ha dado en las tareas de búsqueda. Gracias a nuevos testigos –“se está quebrando el pacto de silencio”, expresaron—fueron encontrados a principios de año nuevos restos óseos (no quemados) que fueron enviados al Equipo Argentino de Antropólogos Forenses para su cotejo genético y posible identificación. En abril se tendrán los resultados.

En otros aspectos, los dos expertos indicaron que, si bien han tenido nuevos accesos a las prisiones y otros testigos de los hechos (protegidos o de otra índole), prevalece el clima de miedo que sigue inhibiendo la exposición franca de testimoniales importantes. “Iguala y Guerrero siguen siendo un espacio de miedo”, manifestó la jurista colombiana Buitrago.

Los expertos atribuyeron varios de los avances a la intervención directa del presidente López Obrador.

Fue así, dijeron, como se “desbloqueó” el acceso a los mandos de la Secretaría de Marina. De ahí ha surgido información nueva de cómo Semar intervino en el montaje de la falsa incineración de los normalistas en el basurero de Cocula con una inspección del lugar que se produjo dese el 27 de octubre (y no el 28 como se dijo); de cómo participan en el operativo de Zerón para la “siembra” de evidencias (un fragmento de hueso del estudiante Alex Mora) en el río San Juan, donde acuden el 28 de octubre, no el 29, y no solo en una acción de resguardo perimetral, como se dijo. También se determinó que fueron marinos, y no la policía estatal, la que detuvo a los primeros presuntos perpetradores, que fueron torturados para declararse culpables.

En la lista de los logros cabe mencionar la confirmación de información de un dato negado por la SEDENA durante tres años. Infiltrados para realizar tareas de espionaje en la Escuela Normal de Ayotzinapa se tiene conocimiento de al menos tres soldados, llamados OBI (Observación y búsqueda de información). Uno de ellos, de apellido Patolzin, se encuentra desaparecido, entre los 43. Pero hubo otros dos.

La larga lista de obstáculos

Además del ocultamiento de documentación clave del CRFI-Iguala sobre el paradero de los jóvenes y la colusión de militares y otras autoridades con el crimen organizado, descritas anteriormente, hay otros casos de obstrucción de la investigación, presiones, falsas declaraciones y ocultamiento de evidencias.

En el caso del Cisen, que hizo un seguimiento (espionaje) exhaustivo a las actividades de los normalistas meses previos a septiembre de 2014, se produce un inverosimil “apagón” a partir de la noche del día 16 de septiembre. Cisen lo ha negado, pero tuvo agentes desplegados e informando durante las horas en que ocurrieron los hechos (al menos 7 horas) en siete puntos distintos. Desde hace seis meses hay órdenes de aprehensión contra varios de ellos que no se han ejecutado a pesar de que estos están ubicados; de hecho, en sus escritorios, en sus oficinas.

Se tiene el testimonio de que un funcionario del Cisen se presentó en la UEILCA para presionar de que la fiscalía no use pruebas de las torturas “por tratarse de un asunto de seguridad nacional”. El GIEI sostiene que en un caso de desaparición forzada, delito grave, no cabe esa reserva.

Los expertos denunciaron también que “prevalece un clima de intimidación y presiones” en el interior de las prisiones contra presuntos perpetradores procesados como un “proceso de control” como el que ejerce el crimen organizado.

Por otra parte también denunciaron que se han recrudecido las presiones y amenazas contra las familias de los jóvenes desaparecidos y “gente que ha tratado de generar divisiones”. El GIEI exigió que se investiguen esas presiones y que desde las autoridades de los tres niveles haya un respeto pleno a los procesos organizativos de los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa.

“Porque si no es por estas familias, el proceso de investigación no hubiera llegado hasta aquí”, remató Beristain. Como se ha hecho costumbre en las presentaciones de los informes del GIEI, que tienen lugar en el auditorio “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las primeras filas de asientos fueron ocupadas por cerca de 30 familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, entre madres, padres, abuelos, hermanos e incluso algunos hijos. También asistieron sus representantes legales y diversos colectivos que respaldan su causa.

En conclusión, en el periodo de los tres meses por venir, el GIEI se comprometió a seguir buscando testigos y a seguir exigiendo al gobierno mexicano toda la información que hasta el momento les ha sido ocultada.

Recordaron que esta instancia bajo mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, es el único órgano de supervisión internacional sobre un caso de desaparición forzada en México. “Y lo que pase aquí, en Ayotzinapa, puede ser un indicador y un aporte significativo para el doloroso caso de las miles de desapariciones forzadas que hay en México”.