Ciudad de México. Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron un plan de remediación sobre la segunda queja laboral bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, con respecto a la empresa de autopartes Manufacturas VU, ubicada en Piedras Negras, Coahuila.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció lo anterior y señaló que el propósito es remediar la “denegación de los derechos de libertad sindical que socavó la capacidad del sindicato mayoritario para representar a los trabajadores en las negociaciones colectivas y su derecho a la huelga”.
Indicó que México aceptó la solicitud y concluyó que a los trabajadores de la instalación se les niega su derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.
El acuerdo incluye una decena de compromisos que las autoridades mexicanas deberán poner en marcha antes del 30 de septiembre próximo.
Entre las medidas de remediación están iniciar procedimientos sancionatorios contra las personas, organizaciones laborales o empresas que hayan infringido las leyes mexicanas en relación con este asunto.
También se deberá vincular las determinaciones administrativas de violaciones con los procedimientos en los tribunales mexicanos mediante el archivo de las pruebas recopiladas y las hechas durante la revisión de este asunto.
De igual forma se requiere invitar al Poder Judicial local en Coahuila, así como a otras autoridades judiciales de todo el país, a participar en capacitaciones en temas de negociación colectiva, y garantizar que las denuncias sobre amenazas y violencia antisindicales sean debidamente investigadas y abordadas por las autoridades competentes.
De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), se deberán llevar a cabo capacitaciones sobre los derechos de los trabajadores en las instalaciones de Manufacturas VU y monitorear las instalaciones con inspecciones periódicas;
Además, las autoridades mexicanas deberán asegurarse de que Manufacturas VU “haga, y cumpla, una declaración pública por escrito” comprometiéndose a respetar los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.
Asimismo, es necesario asegurarse de que los ejecutivos de la empresa con sede en Estados Unidos visiten las instalaciones para garantizar aún más a los trabajadores estos compromisos, y garantizar que la empresa tome las medidas apropiadas, incluido el despido, contra el personal de recursos humanos que haya violado los derechos de los trabajadores;
También se deberá garantizar que la empresa no impedirá los intentos de La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) de restablecer o ejercer su derecho a representar a los trabajadores con fines de negociación en las instalaciones.
“El daño de estas violaciones continúa, por lo que Estados Unidos seguirá de cerca la implementación del plan. Quiero agradecer al Gobierno de México por su compromiso con los derechos de los trabajadores y por hacer que esta instalación cumpla con la ley laboral”, dijo la representante comercial de EE. UU., Embajadora Katherine Tai.
La petición que condujo a este acuerdo fue presentada el 29 de diciembre de 2022 por la Liga Sindical Obrera Mexicana, un sindicato mexicano, y el Comité Fronterizo de Obreras, una organización mexicana de derechos laborales.
Los dos grupos alegaron que VU continuó discriminando ilegalmente al sindicato representativo elegido justamente, LSOM, al favorecer a otro sindicato que también busca representar a los trabajadores en la instalación. Esto incluyó denuncias de que la instalación negó los derechos de acceso a los organizadores de LSOM en violación de la ley mexicana y permitió que los miembros del sindicato de la empresa intimidaran y amenazaran a los miembros de LSOM.