El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar al PRI – y sus partidos aliados- por el presunto financiamiento ilegal de las empresas Odebrecht y OHL a las campañas de los entonces candidatos Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo, al argumentar – entre otros puntos- que la Fiscalía General de la República (FGR) le negó acceso a la información del caso, aun cuando hay una orden en sentido contrario por parte del Poder Judicial.

También dejó sin sanción al PRI por la llamada “Operación Safiro”, la triangulación de 250 millones de pesos de las arcas federales a las estatales de Chihuahua, en 2016; esos recursos que fueron a parar a empresas fantasma, cuyos accionistas – en dos de cinco compañías- eran prominentes militantes del PRI.

Los dos temas anteriores, y otros añejos, fueron parte de la última sesión encabezada por Lorenzo Córdova; en los hechos, en ambos, el INE dejó libre de culpa al partido tricolor.

El consejero presidente adujo que “desde hace tiempo se ha querido elaborar una narrativa en el sentido de que el INE ha sido condescendiente con ese tema”, cuando en la realidad el caso Odebrecht se asemeja al de “Amigos de Fox”, es decir, “implicó una batalla de esta institución para poder allegarse de información que le fue negada sistemáticamente por las autoridades encargadas de la supervisión de la información financiera”.

Señaló entonces que la FGR les negó de plano toda la información alegando el secreto ministerial.

Y aunque el caso llegó a la Suprema Corte, “lamentablemente, por el tiempo transcurrido desde la presentación de esta denuncia, pues hoy nos vemos obligados a tener que cerrar este caso” y quedar a la espera de una eventual reapertura, si es que los partidos impugnan ante el TEPJF.

Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, dijo que aunque los expedientes referidos son irregularidades graves en materia de financiación de la política, incluso actos de corrupción internacionales, se declaran en el INE infundados, precisamente a unos días de que concluyan su gestión cuatro consejeros, incluido Córdova.

“Parecería que tenían ese pendiente de darle carpetazo a estos asuntos y se presenta aquí una justificación; qué buena coartada decir ‘no pues no podemos investigar porque la fiscalía no nos da los elementos para investigar’. De verdad es una coartada muy buena, pero no se cree cuando se ve cómo se ha comportado el INE y su Unidad de Fiscalización, en especial cuando se trata de asuntos que tienen que ver con Morena (el demandante en el caso Odebrecht). La verdad es que aquí se está exonerando y no se puede decir otra cosa más”, sostuvo.

Y si bien en ese tema los consejeros cerraron filas, en cuanto a señalar la actitud de la FGR, donde sí hubo división fue en el caso Chihuahua.

Todos reconocieron irregularidades en la trama, pero una mayoría sostuvo que no se pudo comprobar que los recursos fueron a parar a las arcas del PRI.

La consejera Claudia Zavala, siempre mesurada en su tono a la hora de exponer, advirtió que no apoyará este tipo de proyectos.

“¿Está acreditado el ilícito? ¡claro! No me pueden decir que no hay empresas fachada, no me pueden decir que no hay un entramado de una administración ilegal, ilícita”.

Mencionó entonces que el texto original, elaborado por la Unidad de Fiscalización del INE avalaba la infracción pero la comisión de Fiscalización, donde votan los consejeros, dio el viraje.

Pidió no tolerar ese tipo de situaciones “porque la cadena indiciaria sí nos lleva a tener una prueba firme de que hubo este beneficio ilícito para el PRI”.

Otros consejeros, como Adriana Favela, quien también concluye su gestión el lunes, insistió en que “no hay pruebas que acrediten que ese dinero llegó a las arcas del PRI”, aun cuando los priistas cobraron los cheques fondeados con dinero federal.

Así que dijo que si bien el caso es una pena y el PRI debería hacer algo en cuanto a la conducta de sus militantes, no está acreditado que el dinero se usó para financiar una campaña electoral.

“Y también se tiene que tomar en cuenta que Alejandro Gutiérrez – entonces secretario general Adjunto del tricolor y accionista en algunas de las empresas involucradas- fue absuelto”.

Caso Odebrecht

En cuanto al caso Odebrecht, el proyecto aprobado señala que los datos requeridos por el INE se relacionan con 51 instancias: empresas, ex funcionarios y sus parientes, como el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, así como información de gobiernos, partidos y asociaciones civiles.

El INE no detectó aportaciones en especie o en dinero en esa cadena Odebrecht durante los procesos electorales 2011-2012, federal, y el local en el Estado de México 2016-2017.

Multa por usar credenciales de difuntos

Por otra parte, el INE impuso una multa de 500 mil pesos a la asociación civil “Que siga la democracia” por haber incluido casi 15 mil firmas de personas fallecidas, en apoyo a la consulta de Revocación de Mandato de personas fallecidas.

La agrupación fue acusada de entregar información y documentación falsa al instituto, consistente en 14 mil 940 firmas de personas dadas de baja en el padrón electoral por defunción.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la comisión del Registro Federal de Electores, dijo que la ley exigía 2.7 millones de firmas para activar la referida consulta, y “sus impulsores recolectaron solo un millón 370 mil firmas a través de la App, o sea, les habría faltado más de un millón 200 mil firmas, pero gracias al papel entregaron otras nueve millones 759 mil firmas”.

El consejo aprobó dar vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales por el posible uso indebido de esa información. Asimismo se notificará de esta resolución a la Fiscalía General de la República.

Esta asociación ya había sido señalada por promover “ratificación” en lugar de revocación; asimismo se le ordenó el retiro de 278 espectaculares, entre otros, por propaganda indebida.