Ciudad de México. Con la abstención de la mayoría de la bancada del PT, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que suspende el derecho de los agresores y deudores de pensión alimenticia a ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.

La votación superó por mucho el mínimo requerido de las dos terceras partes para una reforma de esta naturaleza. ¡Sí se pudo, sí se pudo!, coreó el pleno. 455 legisladores votaron a favor, incluidos siete del PT y en contraste, 25 de ese partido se abstuvieron.

Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, señaló que con esta reforma “se da certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores en puestos de elección como servidores públicos, y se les dice claramente que no volverán a ocupar sus cargos si perpetúan estas prácticas”.

La reforma, agregó, “no es punitiva ni vulnera derechos de nadie. Solo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme al momento de pretender participar como candidata, candidato a ocupar un cargo en el servicio público por actos constitutivos de violencia hacia las mujeres.

“El mensaje es claro: ninguna persona agresora o deudora alimentaria tendrá cabida ni espacio en este ni en ningún otro gobierno; no podrá percibir ingresos del erario público, porque nuestros impuestos no pueden ser destinados a cubrir los gastos de quienes atentan contra la integridad y la vida de las mujeres y de las infancias”.

No es posible, dijo, que “la misma persona que violó, agredió sexualmente, atacó a una mujer o incumplió con su obligación alimentaria con su familia sea partícipe de la toma de decisiones o de las operaciones en las instituciones de este país”.

Blanca Alcalá (PRI) afirmó que no se trata de ocurrencias, ni de dedicatoria para nadie. La inicaitiva también conocida como 3de3, sostuvo, “deberá impactar en el gobierno federal, en el estatal o en el municipal.

Nunca más permitiremos que un agresor, un violentador o deudor alimentario llegue a un cargo que implique, aún en su mínima expresión, el ejercicio del poder público. La 3de3 busca recuperar la ética pública en cada actuación y en cada relación”.

Advirtió que el reto es grande, pues al concluir el día, acentúo, “al menos 20 mujeres habrán sufrido algún tipo de violencia, y 11 de ellas perderán la vida por feminicidio”.

Su compañera de bancada, Carolina Viggiano, manifestó que la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución “blinda los valores y la legitimidad de nuestras instituciones democráticas” y deja en claro que “la violencia de género no será tolerada más en ningún ámbito, ni público ni privado, y también no depende de qué cargo ocupen, así sea el Presidente de la República”.

Garantizaremos, agregó la secretaria general del PRI, “que en las elecciones de 2024, ningún partido político proponga como candidato a una persona que ha ejercido violencia contra las mujeres y su familia. El poder estará del lado de las víctimas y no de los victimarios, que durante años se han escondido al amparo del fuero y de las instituciones”.

Este dictamen dividió a la bancada petista. Lilia Aguilar resaltó que es una reforma contra “todas esas masculinidades violentas que atacaban a las mujeres y nos hacían sentir ciudadanas de segunda. Que los violentadores no lleguen a la Cámara, no quiere decir que estamos atacando a los hombres, sino que las mujeres estamos avanzando en nuestros derechos y no permitiremos más que se nos violente. No podemos centrarnos en el discurso del miedo”.

Desde la tribuna, Gerardo Fernández Noroña, arropado por la mayoría de los petistas, incluido el coordinador de la bancada, Alberto Anaya, pidió se retirara el dictamen porque “se utilizará perversamente para sacar de toda actividad política a compañeros y a compañeras. 20 por ciento de quienes están en el padrón de violentadores son mujeres”, sostuvo.

“¿Van contra mí?”, preguntó. “Están dándole armas a la derecha”.