Ciudad de México. Tras el fallecimiento de 39 migrantes en el incendio registrado en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a conducir las investigaciones “en su rol de garante de la integridad de migrantes bajo custodia”.

A través de redes sociales, recordó que los Estados deben tomar medidas para erradicar la privación de la libertad de personas en contexto de movilidad. “No obstante, deben garantizar que la detención se utilice excepcionalmente, según lo autorizado por ley, y cuando sea estrictamente necesaria, razonable y proporcional a un propósito legítimo”.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) México señaló que lo que sucedió “es un botón de muestra de lo que ocurre en la mayoría de los centros de detención”. La directora ejecutiva de esta organización, Edith Olivares, expuso que el hecho de que existan espacios de este tipo, refleja “una política criminalizante de la migración, que no respeta ni garantiza los derechos de las personas a migrar, que además está arrastrándoles a peligros que pueden derivar incluso en la muerte”.

Al presentar el informe anual de AI, reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos y al de México “a reelaborar su política migratoria que sea una garante de los derechos humanos, que respete el derecho de las personas a migrar, (porque) esto no es un delito y las personas que estaban recluidas (en Ciudad Juárez) no cometieron ninguno”.

En el informe capítulo México, AI destacó que el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas interpuestas por violaciones a derechos humanos.

El INM “ocupó el tercer lugar con mil 997 denuncias y la Comar el décimo con 333”, dijo Olivares.

Además, mencionó, las autoridades mexicanas detuvieron al menos a 281 mil 149 personas migrantes y deportaron a 106 mil 8, incluidas niños y niñas no acompañados.

“Durante 2022 las autoridades mexicanas detuvieron a varias personas refugiadas y migrantes en aeropuertos de todo el país, sometiéndolas a tratos inhumanos y degradantes”, enfatizó. Asimismo, indicó que las personas expulsadas a México desde Estados Unidos también “fueron sometidos a múltiples formas de violencia, incluyendo secuestros, violencia sexual y robo”.