Nueva York y Washington. Las políticas migratorias de Estados Unidos violan el derecho al asilo de refugiados y México es cómplice en anular ese derecho al aceptar miles de refugiados expulsados en la frontera, todo lo cual nutrió las condiciones para la tragedia en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, consideraron defensores de inmigrantes, abogados y analistas.

“El incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez la madrugada del 28 de marzo, en el cual al menos 40 migrantes fallecieron, es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos”, declaró Amnistía Internacional este miércoles.

Agregó que las políticas migratorias de Estados Unidos y otros países de la región “son cada vez más inhumanas, haciendo casi imposible el acceso al derecho a solicitar asilo”, y que en colaboración con Estados Unidos y Canadá para intentar frenar la migración, “las autoridades mexicanas han establecido facultades a la Guardia Nacional en materia migratoria y han militarizado las fronteras”.

La política migratoria estadunidense durante los últimos años, tanto bajo el gobierno de Donald Trump y ahora con Joe Biden continúa enfocada en frenar el flujo migratorio por la frontera de Estados Unidos, llevando a una serie de incidentes trágicos y violaciones de derechos humanos de ambos lados de la frontera.

Pero aspectos de estas políticas, incluyendo las que ha colocado a decenas de miles de inmigrantes y refugiados en campamentos y centros de detención del lado mexicano de la frontera, violan los derechos de refugiados, argumentan expertos y defensores legales.

“La política estadunidense bajo el llamado Título 42 [medida empleada para expulsar refugiados de regreso a México] viola la ley sobre el asilo”, afirmó a La Jornada Katrina Eiland, abogada con el Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la organización nacional que ha encabezado el esfuerzo legal contra la práctica de negar el ingreso a solicitantes de asilo bajo el gobierno de Biden y antes de Trump.

“La razón por la cual hay tanta gente atrapada en el norte de México es porque Estados Unidos ha clausurado el sistema de asilo.”, agregó.

Pero también subrayó que “la razón por la cual Estados Unidos logró ampliar el número de nacionalidades a las que les es negado asilo fue el consentimiento de México en la expansión de ese programa. Estados Unidos no podría haberlo logrado sin la complicidad de México en ampliar esa medida”.

Eiland indicó que la ACLU continuará batallando contra el programa “ilegal” de Biden, incluyendo nuevas versiones con otros nombres de las mismas iniciativas que se espera serán implementadas en mayo, y que, según ella, se parecen a las del gobierno anterior de Trump.

Otros expertos coinciden con esta evaluación. “Negar el ingreso de refugiados en la frontera es una violacion de la letra y espíritu de la ley estadunidense y de la ley internacional sobre el estatus de refugiados”, comenta a La Jornada la abogada especializada en migración y profesora en la Universidad de Chicago Susan Gzesh. “La ley estadunidense sobre refugiados de 1980 establece que los refugiados pueden solicitar asilo al llegar a Estados Unidos entren o no por un puerto de ingreso legal. También establece que no pueden ser regresados a sus países ni a cualquier otro país donde podrían ser perseguidos o incluso torturados”, agregó.

La profesora Gzesh indicó que aunque la ley permite que las autoridades estadunidenses pueden enviar a refugiados a un “tercer país seguro”, “México no ha comprobado que pueda mantener condiciones seguras para refugiados y otros migrantes”. Más aún, dijo que una pregunta pendiente es si no es tiempo para que intervenga la comunidad internacional en esta crisis: “¿dónde está la oficina del Alto Comisionado de Refugiados de la ONU?”.

A la vez preguntó si “Estados Unidos no tiene responsabilidad por el flujo creciente de migración desde las Américas” al haber creado algunas de las condiciones que expulsan a la gente de sus países, por ejemplo en Venezuela con las sanciones económicas.

Ariel G. Ruiz Soto, analista de políticas en el Instituto de Política de Migración (MPI) en Washington, indicó a La Jornada que por ahora México sigue aceptando a personas a las que se les negó la oportunidad de solicitar asilo dentro de Estados Unidos bajo la medida del Título 42, y que eso es posible porque las autoridades de ambos lados de la frontera afirman que los migrantes expulsados nunca estaban bajo custodia de Estados Unidos.

Pero Ruiz alerta que no se sabe qué justificación usará Mexico para recibir grandes números de expulsados de Estados Unidos sin una audiencia sobre sus casos de asilo una vez que caduque el Título 42 a principios de mayo. La ley mexicana, afirma, permite a la Secretaría de Relaciones Exteriores determinar caso por caso cuáles no mexicanos aceptar de otros países, pero si Estados Unidos expulsa toda una clase de personas, “no me queda claro que será fácil aceptarlos por México”.

“En lugar de culpar a solicitantes de asilo, migrantes o la ‘migración irregular’, Estados Unidos y México deberían poner fin a las políticas inhumanas que castigan a migrantes y niegan acceso al asilo a gente buscando refugio”, declaró Eleanor Acer de la organización nacional de derechos humanos Human Rights First. “La gente que busca asilo no debería de ser criminalizada y encerrada en cárceles”, concluyó.

El gobierno de Joe Biden reitero que está preparado para ofrecer asistencia a las víctimas del incendio en Ciudad Juárez, pero evitó hacer cualquier referencia a las políticas que los expertos citaron hoy como responsables por las condiciones que provocaron la tragedia.

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró hoy que “el incendio letal en el centro migratorio en Ciudad Juárez fue una tragedia evitable. Una vez más, instamos a todos los Estados a adoptar alternativas a la detención de migrantes”.