Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para revocar concesiones, recuperar bienes nacionales y declarar la nulidad de actos administrativos, cuando se determine que fueron otorgados mediante actos de corrupción o que son perjudiciales para el interés general.

La iniciativa incluye modificaciones a distintas leyes y plantea agregar a la Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo la figura de “juicio de lesividad”, así como la de “revocación”.

Al respecto, propone que sea el Tribunal federal de Justicia Administrativa, el que conozca de los juicios de lesividad, para determinar la nulidad de una resolución administrativa favorable a particulares, cuando sea “contraria a la ley, cause perjuicio a la administración pública o lesione el interés público”.

Mientras que, explica, la figura de revocación permitirá “revertir actos administrativos… no solo cuando son emitidos de manera irregular, sino también porque las circunstancias de la realidad son cambiantes. Por ejemplo, una concesión, permiso o autorización otorgados para prestar un servicio o explotación, uso o aprovechamiento de bienes de dominio de la federación, podría dejar de cumplir los fines del Estado o de beneficiar a la sociedad, y de continuarla, afectaría al erario o a la población”.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo resalta que su iniciativa “propone corregir actos emitidos en contravención a la ley, así como revertir aquellos que han dejado de cumplir con los fines para los que fueron previstos”.

En ese sentido, plantea facultar a la administración pública federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no responsan al interés general o quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.

La iniciativa se justifica porque “durante muchos años, quienes estuvieron a cargo de la administración pública suscribieron actos contrarios a la ley, con la confianza de que su sola emisión los convertía en actos jurídicamente firmes, como parte de un pacto permanente de impunidad”.

También prevé acotar los montos de indemnización que se reclaman por cumplimiento de contratos, concesiones, permisos, autorizaciones o bienes otorgados de manera ilegal o el pago desproporcionado.
Al respecto, señala que su gobierno heredó juicios interpuestos ante instancias nacionales y extranjeras, donde se reclaman indemnizaciones, en algunos casos “evidentes reclamaciones fraudulentas” y los fallos en contra del Estado mexicano han aumentado 500 por ciento, producto de resoluciones de tribunales internacionales.

La iniciativa incluye reformas para insistir que lso integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, los consejeros electorales, funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía General de la República, ministros y magistrados, no ganen más que el Presidente.

Debido a la “resistencia” a no reducir sus sueldos, la propuesta incluye la suspensión del cargo e inhabilitación, a los funcionarios que no acaten la medida.

La iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la cámara y la Mesa Directiva la envió a comisiones.