Ciudad de México. En un posicionamiento, más de 200 organizaciones, redes y colectivos, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración, Esperanza Migrante y Cafemin, demandaron que se lleve a cabo una investigación sobre el incendio registrado ayer en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron por 38 migrantes, "identificando a las personas funcionarias públicas responsables".

Igualmente pidieron la “destitución e inhabilitación inmediata” del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y que se den garantías de no repetición de casos similares.

Destacaron que afirmar que lo sucedido en Juárez “es consecuencia de una protesta/motín, es especular y revictimizar”.

Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la ley “son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados”, subrayaron.

Exigieron también adelantar el proceso de identificación y entrega digna de los restos a las familias de las víctimas fallecidas, garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas; así como legislar “por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación”.

Al gobierno municipal de Ciudad Juárez demandaron la “renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta” y que se ponga un alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad.

En su posicionamiento, las organizaciones recordaron que en septiembre de 2022, en el marco de una visita in situ a Ciudad Juárez, denunciaron “las condiciones de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación”.

El espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes “era reducido y sin ventilación. Organizaciones que tienen base en la entidad y realizan visitas regulares, han documentado la falta de atención médica y acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo. En el caso de la organización Uno de Siete Migrando, se le restringió el ingreso durante todo 2022 a pesar de tener autorización nacional para entrar a documentar las condiciones en las que se encuentran los espacios y las personas en situación de movilidad”.

Destacaron que el incendio de la estancia migratoria es “el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros”.