El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los lineamientos para el proceso de revocación de mandato de alcaldes, diputados locales y concejalías en medio de dudas de las representaciones de los partidos sobre cómo verificar el origen de los recursos que se usarán en la recolección de firmas.

De acuerdo con el documento, a partir del 1º de abril –cuando se cumpla la mitad del periodo del cargo de elección popular que ganaron– las personas interesadas que así lo deseen podrán solicitar el inicio formal de la consulta para la remoción.

Tendrán apenas 21 días para entregar el respaldo requerido, lo que implica obtener 10 por ciento de la lista nominal del ámbito territorial correspondiente. Una vez validadas por el Instituto Nacional Electoral, se emitirá la convocatoria entre el 7 y 17 de junio, mientras la difusión y promoción del proceso será del 18 de junio al 26 de agosto y la jornada consultiva se efectuaría el 27 de agosto, como fecha límite.

Los resultados son vinculantes si participan al menos 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de cada circunscripción y si la mitad de ellos vota a favor de quitar el mandato al representante popular.

Desde hace varias semanas, habitantes de las alcaldías Benito Juárez, Xochimilco y Miguel Hidalgo empezaron a reunir rúbricas con el fin de solicitar la revocación de mandato a los alcaldes Santiago Taboada Cortina, José Carlos Acosta Ruiz y Mauricio Tabe Echartea, respectivamente.

Dudas sobre fiscalización

De acuerdo con lo avalado, los servidores públicos, autoridades locales y federales, partidos políticos y cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada, tienen prohibido participar en la revocación de mandato, donde tampoco se permitirá el uso de recursos públicos.

Durante la discusión, las representaciones de Morena y del PAN externaron su preocupación por el origen del dinero que utilizarán los ciudadanos que juntarán las firmas, pues afirmaron que se trata de recursos privados que no tiene tope de gastos definidos.

Si bien la consejera presidenta Patricia Avendaño aseguró que el IECM no cuenta con facultades para fiscalizar, el Consejo General aprobó –tras un receso de media hora– que los ciudadanos estén obligados a hacer transparente el origen y destino de los recursos invertidos para el acopio.

Las acciones de verificación del gasto y posibles sanciones estarán plasmadas en otros lineamientos que emitirá el Consejo General en próximos días.