Ciudad de México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó nuevamente una propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para restringir la aplicación de los códigos de Justicia Militar (CJM) y Militar de Procedimientos Militares (CMPP) a ciudadanos civiles, aún como testigos o peritos.
Por mayoría de ocho votos, los ministros rechazaron la propuesta de un parámetro constitucional presentada por Aguilar y que proponía, entre otras cosas, señalar que los tribunales militares no son autónomos, por depender del Poder Ejecutivo; y también sostenía un “criterio espacial”, consistente en señalar que los delitos del fuero castrense solo podrían ser cometidos dentro de instalaciones militares.
“Incluso, quiero decir que si hiciéramos un esfuerzo de analizar el marco normativo sobre las garantías de independencia e imparcialidad de los tribunales militares mexicanos, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, es posible concluir que sí tienen independencia e imparcialidad”, afirmó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Los ministros también rechazaron la propuesta de Aguilar para fijar un “criterio espacial”, que sentaría el criterio de que los militares únicamente pueden cometer delitos del fuero castrense dentro de sus propias instalaciones. Si lo hacen fuera de estos lugares, cualquier posible delito sería procesado en el fuero civil.
Para la ministra Loretta Ortiz Ahlf, esta restricción sería contraria a los criterios internacionales de protección a los derechos humanos.
“En primer lugar, sobre el factor espacial, considero que la premisa en la que se basa el proyecto, en el sentido de que los militares a priori no podrían cometer faltas a la disciplina castrense en un espacio determinado, podría ser incompatible con la doctrina desarrollada por este alto tribunal y por los órganos intérpretes del sistema interamericano y universal de derechos humanos”, advirtió la ministra.
Desechado el parámetro con el que Aguilar proponía resolver todo el caso, los ministros acordaron analizar uno por uno los artículos de los códigos militares que han sido impugnados y argumentar en cada uno de ellos las razones jurídicas de su validez o invalidez.
Este análisis comenzará en la SCJN a partir de la sesión de mañana martes.
