Ciudad de México. El magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, consideró “grave” la limitación de competencias que quiere imponer la fracción de Morena en la Cámara de Diputados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que solo se dedique a leyes electorales, porque implicaría dejar fuera los derechos humanos en el análisis de sus sentencias y ello representa crear vacíos de control constitucional.

Al criticar esta propuesta de decreto, el magistrado señaló que “a los fuertes y a los poderosos no les gustan las acciones afirmativas y a los partidos políticos no les interesan los grupos minoritarios” y es por esta razón que no les gustan las sentencias que ha resuelto el Tribunal Electoral, que ha sido un contrapeso constitucional.

Durante una conferencia que ofreció en la Universidad de Guadalajara sobre “El derecho electoral que tenemos y el que vendrá”, criticó que la propuesta que busca limitar sus facultades, no solo está mal redactada, sino que “implica que los derechos humanos no contemplados en las leyes electorales no podrán ser protegidos por el Tribunal”.

“No debería ser importante para nadie ni tendría que estarse discutiendo cómo golpear al órgano electoral, al órgano judicial electoral antes de iniciar la elección del 2024, mucho menos debilitarlo y quitarle facultades. Me parece que todo este tipo de reformas tienen que ser inteligentes y pensadas, ponderadas, sopesadas y que no sea el enojo la que gane”, subrayó.

El magistrado del TEPJF señaló que este órgano “no es oposición, nadie puede esperar que un Tribunal la haga de oposición, no se debe pelear con las autoridades, pero lo que sí debe ser es peso y contrapeso constitucional”.

También enfatizó que el Tribunal Electoral no es “oficialista”, porque es un órgano que tiene que ser constitucionalista, pero también activista cuando se trata de defender los derechos humanos y proteger a los grupos en situación de desventaja.

"No es lo mismo ser activista que activo, activo en la defensa de la Constitución y los derechos humanos. ¿A quién lastiman, por ejemplo, las acciones afirmativas? ¿A quién? A los fuertes, a los poderosos. ¿A quiénes beneficia su limitación o erradicación? A los fuertes, a los poderosos”, puntualizó al concluir que está a favor de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que se encargue de los actos parlamentarios.