Morelia, Mich. Carlos Maldonado, quien fuera secretario de finanzas y administración durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, es investigado por presunto daño al erario público por más de 30 millones de pesos, informó César Augusto Ocegueda Robledo, consejero jurídico del Gobierno de Michoacán.
En conferencia de prensa, dijo que se presume que entre 2012 y 2013, el entonces comisionado de seguridad y desarrollo integral el estado, Alfredo Castillo Cervantes, firmó un convenio con la empresa Soriana por 211 millones de pesos para la entrega de despensas a los elementos de la Policía Federal que llegaron a la entidad junto con él.
El funcionario estatal señaló que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el DIF también se incluyeron en el convenio; sin embargo, nunca existieron elementos suficientes para determinar que las despensas fueron entregadas a los uniformados policiales, explicó el funcionario.
“Pese a esto, en 2017, Soriana demandó a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano el pago de los 211 millones de pesos, a lo que la Secretaría de Finanzas y Administración encabezada por Maldonado reconoció el adeudo aparentemente ilegal, porque no le competía hacer el pago”, apuntó Ocegueda Robledo.
En primera instancia se hizo un pago inicial de 30 millones de pesos y se acordaron también cuatro pagos trimestrales de 50 millones de pesos cada uno. Sin embargo, el gobierno actual detectó estas irregularidades y acudió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, órgano que determinó que no existían elementos para reconocer el adeudo hacia Soriana, por lo que se mandató la suspensión de pagos.
Soriana decidió ampararse, pero al no haber pruebas del servicio brindado, perdió el amparo judicial el 2 de marzo de 2023.
Por ello, se iniciaron los procedimientos judiciales para recuperar los 30 millones de pesos que fueron entregados a Soriana de forma “ilegal”. Además, Maldonado presuntamente incurrió en diferentes faltas administrativas, por haber reconocido un adeudo ilegal a Soriana, comprometer un pago sin haber una sentencia judicial que lo avale y haber generado daños al erario público del 2017 para el pago de un adeudo “ilegal” de 2012 y 2013.
Las investigaciones en su contra continúan y no se descarta que sea llamado a declarar para avanzar en las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades durante el gobierno que encabezó el perredista Aureoles Conejo.
