Ciudad de México. En cumplimiento a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Estado mexicano en los casos de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco en 2006, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la organización y funcionamiento del mecanismo de seguimiento de hechos de este tipo.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación destacó que con ello se busca afianzar las condiciones que permitan revisar y atender los casos de mujeres privadas de libertad víctimas de tortura sexual en el país, así como formular propuestas de política pública de manera periódica a partir de los resultados del diagnóstico nacional.

Subrayó que “la tortura es una de las más terribles herencias de los gobiernos pasados, por lo que la lucha por su erradicación es un compromiso para la justicia y la verdad”.

En los lineamientos se señala que los objetivos del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres, que se instaló el 9 de septiembre de 2015, son establecer y coordinar las acciones necesarias entre los tres órdenes y niveles de gobierno, así como los órganos públicos autónomos, para proveer de condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas directas de este delito, particularmente a la libertad personal, integridad, debido proceso, acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.

Igualmente, analizar y emitir conclusiones de los casos incorporados al mecanismo, así como dar seguimiento al cumplimiento de las mismas. Realizar cada tres años un diagnóstico nacional de la práctica de la tortura sexual en el país cometida en contra de mujeres y mujeres trans, que incorpore como mínimo datos cualitativos y cuantitativos del fenómeno, así como avances en la implementación de políticas públicas en la materia.

También, generar propuestas de políticas públicas de manera periódica, dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la tortura sexual.