En Culiacán, Sinaloa, sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia ingresaron al Campo Militar 9-A General Ramón F. Iturbide para constatar que en este lugar, décadas atrás, fueron detenidos de manera ilegal y torturados, al igual que -según testimonios- se perpetraron “ejecuciones extrajudiciales”.

Fueron en total 25 las víctimas directas e indirectas que ingresaron a este espacio castrense, como parte de las diligencias que lleva a cabo la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990.

En conferencia de prensa en esa ciudad, el historiador Camilo Vicente Ovalle dio a conocer los resultados preliminares de esta inspección que se realizó ayer. Entre ellos que la evidencia que ya se tenía recabada por la comisión, así como el análisis fotográfico y los testimonios de los sobrevivientes y familiares, permitieron identificar el sitio “donde muchas personas pudieron haber estado detenidas y desaparecidas al interior e la novena zona militar”.

Indicó que la identificación de este sitio fue acompañada por las labores de criminalística de parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y por el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “que estuvieron tomando registro de todas estas actividades”.

Igualmente, agregó, a partir de cuatro testimonios de personas sobrevivientes fueron señalados otros lugares dentro del campo militar que van a formar parte del proceso de indagación.

David Fernández Dávalos, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la comisión, destacó que de confirmarse las evidencias y testimonios, “quedaría acreditada la comisión de graves violaciones a los derechos humanos con la participación de las fuerzas armadas y la actuación de éstas fuera de la ley nacional e internacional”.

Lo recabado hasta ahora, añadió, “certificaría la existencia de un circuito de la detención- desaparición durante la época de la violencia del Estado, es decir, las policías locales, las zonas militares, el Campo Militar número uno, y para algunos casos los vuelos de la muerte. Un circuito perfectamente organizado, fruto de la colusión de agentes del Estado”.

Además, mencionó que “la persistencia de los vestigios habla de la impunidad de la que se sentían portadores o de la seguridad que tenían de no ser investigados porque nunca demolieron ni ocultaron las evidencias”.

Entre los sobrevivientes que acudieron a la inspección estuvieron Cirilo Cota Rodríguez, Juan Manuel Hernández Deras, Martha Alicia Camacho Loaiza y Ramón Galaviz Navarro, los cuatro ex integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quienes sufrieron tortura, y desaparición forzada en la novena zona militar, y tres de ellos también estuvieron detenidos desaparecidos en el Campo Militar número 1.

Las víctimas reconocieron baños, pisos y el espacio donde estaban detenidos clandestinamente. Para Martha Alicia Camacho Loaiza, quien estuvo acompañada de su hijo que “nació en cautiverio”, el reconocimiento de ayer fue un momento “de catarsis, indescriptible, lleno de diferentes emociones”. Por primera vez, dijo, “lloré, grité, saqué, nunca lo había hecho”.

“Cuando mis compañeros ubicaron un espacio, yo inmediatamente me voy al lugar que estaba enseguida, porque lo tengo plenamente identificado, y evoqué aquel momento cuando me llevaron ahí junto con mi esposo, él fue muy torturado y ejecutado extrajudicialmente”, compartió.

Identificó también otro lugar “donde había personas detenidas que tenían más tiempo y que era donde se estaban recuperando de las torturas”. Igualmente señaló que pudo identificar un posible crematorio.

Lamentó que mientras realizaban las inspecciones, militares estuvieran tomándoles fotografías. “Era muy incómodo, ni siquiera poder explayar el sentimiento en ese momento porque estaban tomando fotografías, mientras a nosotros no nos permitieron el uso de celulares”.

Fernández Dávalos indicó que después de esta inspección en el Campo Militar 9-A, se requiere profundizar las investigaciones en el sitio. “Seguramente la Fiscalía General de la República, la CNB tendrán que hacer peritajes”. Además, dijo, tenemos que seguir indagando pues “hay subterráneos que no pudimos encontrar ayer”.

Asimismo, tenemos que tomar testimonios a profundidad y convocar a más víctimas. También, “eventualmente, como ha sido solicitado, (contar con) un sitio de memoria”.

En los trabajos que se realizaron ayer en el Campo Militar 9-A, también participó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.