Madrid. Las movilización durante nueve días consecutivos en Francia, muchas de ellas protagonizadas por jóvenes estudiantes y trabajadores combativos, también ha tenido una respuesta contundente por parte de las autoridades francesas, que han movilizado a más de 12 mil agentes para reprimir la revuelta popular. Un hecho que ya provocó el malestar en diversos organismos internacionales, como el Consejo de Europa, que habla de un “uso excesivo de la fuerza”, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y Reporteros sin Fronteras, entre otras.
Una de sus preocupaciones es la altísima cifra de detenidos: sólo en la jornada del pasado jueves se reportaron 457, pero desde el inicio de las protestas a raíz de la aprobación por decreto de la reforma de las pensiones la cifra ya supera los mil 500.
En la huelga general del pasado jueves, la novena desde el inicio de las movilizaciones, se registraron escenas que durísimos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía gala, que se empleó a fondo con gases lacrimógenos, agua a presión, granadas de humo y de aturdimiento, y el uso continuado de sus macanas.
Los datos facilitados por el ministerio del Interior son elocuentes: 457 detenidos, 4411 policías heridos, más de 900 incendios y abundantes daños materiales en el mobiliario urbano.
En las redes sociales y en las imágenes que han grabado los medios de comunicación hay numerosas escenas en las que los agentes antidisturbios golpean con saña a los manifestantes, o los humillan con agresiones sin justificación, incluso los insultan, como desveló la televisión francesa BFMTV, con unos audios que prueban las amenazas y las descalificaciones de los agentes franceses contra los manifestantes.
De ahí que haya malestar y preocupación en diversos organismos internacionales, a pesar de la postura oficial del presidente Emmanuel Macron y de su ministro del Interior, Gérald Darmanin, que no sólo no lamentan el uso excesivo de la fuerza en los dispositivos policiales, sino que además volvieron a atacar a los manifestantes, a quienes en los últimos días les han llamado desde “facciosos” hasta “muchedumbre”.
En una comparecencia en Bruselas, Macron expresó su apoyo a la policía y a su ministro del Interior, al afirmar que “he visto escenas en las que nuestros gendarmes han sido objeto de ataques completamente desproporcionados a manos de militantes extremadamente violentos y equipados para la lucha. El uso de la violencia en democracia no es un derecho”.
Pero desde el Consejo de Europa, la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, emitió un comunicado en el que señaló: “Se han producido incidentes violentos, algunos de los cuales han tenido como objetivo a las fuerzas del orden, pero los actos esporádicos de violencia por parte de algunos manifestantes u otros actos reprobables cometidos por otros durante una manifestación no pueden justificar el uso excesivo de la fuerza. por agentes del Estado. Estos actos tampoco son suficientes para privar a los manifestantes pacíficos del disfrute del derecho a la libertad de reunión”.
Mientras que desde la ONU, el relator para la libertad de asociación, Clement Voule, explicó que sigue “muy de cerca las manifestaciones en Francia. Es importante recordar que las manifestaciones pacíficas son un derecho fundamental que las autoridades deben garantizar y proteger y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben facilitar su desarrollo y evitar el uso excesivo de la fuerza”.
Desde las organizaciones no gubernamentales HRW y AI también denunciaron el “uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias”, además de abusar del uso de las macanas, de hecho informaron que un manifestante acabó con un testículo amputado durante una carga policial el 19 de marzo por ese motivo. En un comunicado de prensa, Reporteros sin Fronteras (RSF) pide a Macron que “ponga fin a la violencia policial contra los periodistas que cubren las manifestaciones contra la reforma de las pensiones y que le recuerde a la policía su obligación de respetar los derechos de los periodistas y protegerlos”.
Con este clima de tensión, la jornada de este viernes fue más tranquila en cuanto a manifestaciones, pero siguen los paros y huelgas indefinidas en sectores clave para la economía. De hecho, el gobierno francés ordenó la intervención en las refinerías para que llegue el combustible a las gasolineras y a los aeropuertos, que habían advertido que estaban en una situación crítica de aprovisionamiento de queroseno.
Tres de cada diez gasolineras francesas tienen en estos momentos problemas de abastecimiento, según informó el ministerio de Transición Energética.
Y como consecuencia colateral de las protestas, el gobierno francés anunció la anulación de la visita oficial del rey de Inglaterra, Carlos III, que estaba prevista para este domingo. Los sindicalistas de la CGT ya habían advertido que no harían nada para dicho encuentro; ni poner la alfombra roja ni el mobiliario acorde con un cita de este nivel. El propio Macron confirmó la cancelación, al sostener que fue una decisión “de sentido común, ya que no seríamos serios y nos faltaría cierto sentido común proponer a su majestad el rey Carlos III y a la reina consorte venir en visita de Estado en medio de las manifestaciones”.
