Ciudad de México. René Gavira Segreste, ex director administrativo de Seguridad Alimentaria (Segalmex), obtuvo una suspensión definitiva a que impide que en caso de ser detenido por el cargo de delincuencia organizada y lavado de dinero quede a disposición del juez que libró el mandamiento en su contra.

El Juzgado Sexto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, le concedió la medida cautelar, pero argumentó que la suspensión no impide que sea privado de su libertad en caso de que se le imputen delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

El ex funcionario promovió el juicio de amparo el pasado 10 de marzo.

Enrique Vázquez Pérez, titular, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el penal del Altiplano libró la orden de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de la paraestatal, por un caso de compra simulada de más de siete mil toneladas de azúcar, a través de Diconsa —una de las empresas que conforman Segalmex.

“Se concede la suspensión definitiva solicitada, contra los actos y autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria. Queda pendiente de resolver la audiencia incidental por las autoridades precisadas en el último considerando de esta resolución, por las razones ahí expuestas. Notifíquese”, señala el resolutivo del juez Enrique Vázquez Pérez.

La Jornada publicó que Gavira Segreste, quien ya enfrenta dos procesos penales por el desvío de más de 100 millones de pesos utilizados para la adquisición de valores bursátiles, también obtuvo de jueces federales el cambio de medidas cautelares que lo obligaban a firmar el libro de procesados y comparecer ante los jueces de sus causas penales.

El ex directivo era el segundo hombre en importancia en la paraestatal, bajo el mando de Ignacio Ovalle Fernández en 2019 y 2020, periodo en el que la ASF detectó desvíos de recursos por más de 10 mil millones de pesos.