Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó “uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego” por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los hechos del 26 de febrero pasado, en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde murieron cinco personas y una más fue lesionada de gravedad.
Expuso que de acuerdo con las constancias que obran en la indagatoria penal federal, se puede afirmar que en la camioneta particular en la que circulaban las víctimas, y contra la cual dispararon los militares, no se encontraron armas, además que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles y que ningún elemento militar presentó lesiones por de arma de fuego.
Asimismo, que todos los elementos militares involucrados en los hechos manifestaron ante el representante social de la Federación, que ninguno vio que el auto particular se originaran disparos de arma de fuego.
Lo anterior quedó establecido en la Recomendación 95VG/2023 que la CNDH dirigió al titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval González, por las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal.
En el documento, la comisión también acredita que cuatro personas servidoras públicas de la secretaría no se ajustaron a los criterios establecidos, nacionales e internacionales, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, ya que fueron los que dispararon.
Indicó que el 26 de febrero entre las 04:30 y 4:50 horas, siete personas circulaban en una camioneta tipo pick-up y, por “sospecha”, fueron seguidos por 21 elementos de la Sedena que se transportaban en cuatro vehículos oficiales mientras realizaban recorridos relacionados con la seguridad pública. Pero “sin que mediara amenaza real en contra de la vida de las personas servidoras públicas o de terceros, mientras le daban seguimiento al vehículo particular, sin emitir previamente comandos de voz, un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador”.
Por lo anterior, pidió al secretario Sandoval González colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las siete personas agraviadas, incluyendo a los integrantes de sus núcleos familiares, a fin de que se proceda a la inmediata reparación integral del daño.
Igualmente, que se otorgue la atención médica, sicológica y tanatológica que las víctimas directas sobrevivientes e indirectas requieran, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y ajeno a la Sedena y otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación, física, síquica y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y mental, y sus especificidades de género.
También se le pide que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presente ante el Órgano Interno de Control en la Sedena en contra del personal que sin justificación legal alguna accionó sus armas de fuego en agravio de las siete víctimas directas, así como en la integración de la causa penal 1, y en el proceso penal derivado de las carpetas de investigación, a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los cuatro elementos castrenses señalados como responsables y demás personal militar que la autoridad jurisdiccional y ministerial, en cada caso, determinen como responsables de los hechos.
La comisión asimismo solicitó y ofreció la propia participación, a fin de aplicar un plan amplio de capacitación y formación, que incluya el apoyo sicológico y de las condiciones en que desarrolla sus labores el personal militar, así como la impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos sobre el uso de la fuerza pública y el uso legítimo de las armas de fuego, dirigido al personal militar involucrado en los hechos.
