Mexicali,BC. Baja California y Baja California Sur son las únicas entidades del país que no cuentan con Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, señala un estudio de Tojil, una organización de abogadas dedicadas a combatir la impunidad y la corrupción.

La asociación no gubernamental específica que las Fiscalías Anticorrupción realizan investigación, prevención y persecución de delitos de corrupción pero de los 19 mil casos recibidos en Fiscalías Anticorrupción del país solo se judicializo el 4.3 por ciento y el 0.2 por ciento recibió una sentencia.

La mayoría carece de recursos necesarios para el combate efectivo de la corrupción, señala la asociación fundada por Estafania Medina y Adriana Greaves.

Caso BC

En el caso de Baja California, la Fiscalía Anticorrupción surgió el 1 de noviembre de 2019 como un ente autónomo, cuyo primer y único titular fue la abogada Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, quien rindió protesta en enero de 2020 y renunció 40 días después ante la ausencia de presupuesto e infraestructura.

Un año después, en abril de 2021, a iniciativa del entonces gobernador Jaime Bonilla, el Congreso local aprobó una reforma constitucional para eliminar su autonomía y convirtirla en dependencia de la Fiscalía General del Estado.

"Esta reforma responde a una realidad social y constituye una gran mejora en la implementación de los órganos de persecución del delito", sostuvo el fiscal general Guillermo Ruiz, quien dejó el cargo al concluir la administración de Bonilla.

Desde su creación, la Fiscalía Anticorrupción ha carecido de recursos presupuestales para su operación, así como de espacios para oficina y nómina.

La diputada por MC, Daylin García, una de las promotoras del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California antes de su ingreso a la política, recién presentó una iniciativa para que la designación del fiscal se realice desde el Poder Legislativo, en vez de resultar de una terna propuesta, en este caso, por la gobernadora.

En otras palabras, se trata de una ente público de investigación de delitos contra la corrupción que solo existe en papel, que nació con autonomía y ahora es una dependencia de la FGE, sin presupuesto ni titular durante tres años y dos administraciones diferentes.