Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, dictó vinculación a proceso en contra de cuatro de los acusados de participar en los desvíos de recursos de Seguridad Alimentaria (Segalmex), específicamente en la compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar, sin embargo, determinó auto de libertad Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de asuntos jurídicos de esa institución.
Fuentes gubernamentales informaron que en una resolución dictada este jueves al concluir la audiencia inicial y vencer el plazo de ampliación para determinar la situación jurídica de cinco de los nueve detenidos por este caso, el juez Gregorio Salazar Hernández, consideró insuficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Dávila Amerena y por ello dictó auto de libertad para el funcionario.
Tras la resolución, el Ministerio Público Federal presentó un recurso de apelación contra la resolución, aunque ello no impidió que Dávila Amerana abandonara el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano.
Durante esta primera etapa de audiencias iniciales en contra de ex funcionarios y presuntos involucrados en los desvíos de Segalmex y que si fueron vinculados a proceso, se encuentran el ex director del almacén de Diconsa en Querétaro, Simón escobar Copca, la ex coordinadora de Control Presupuestal de Lincosa, Patricia Hernández Rojas y el ex subjefe del Almacén de San Luis La Paz, en el estado de Guanajuato, Artemio Gutiérrez
En tanto que en contra de los representantes legales de la empresa Carregi, beneficiada por el contrato con valor de 182 millones de pesos y del que la Auditoría Superior de la Federación no pudo acreditar la entrega completa del edulcorante, se dictó vinculación a proceso en contra de Jorge Saúl Romero Valencia.
Los vinculados a proceso continuarán en prisión y enfrentarán proceso penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
