Madrid. Ante el temor de que su polémica reforma del sistema público de pensiones encallara en la Asamblea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió aprobarla por la vía del decreto, al activar el artículo 49,3 de la Constitución y sacar adelante un plan que ha movilizado en su contra a centenares de miles de personas en las últimas semanas. Los sindicatos, que advirtieron que se recrudecerán las movilizaciones y las acciones de protesta, señalaron que aprobar un plan de esta envergadura por la vía del decreto supone “el fin de la vida democrática” en Francia.

La reforma de Macron tenía como fecha crucial el día de hoy, cuando, una vez aprobada la medida en el Senado, sólo quedaba pendiente su votación de ratificación en la Asamblea. La víspera ya había cierto nerviosismo tanto en el gobierno como en los sindicatos; en el primero, porque no tenían claros los apoyos parlamentarios necesarios para lograr la mayoría suficiente, sobre todo porque había numerosos diputados afines a Macron pero que pertenecen a circunscripciones abiertamente en contra de la medida que les hacía dudar de su respaldo al gobierno. Y por otra parte de los sindicatos porque sospechaban que Macron, ante este escenario, estaba sopesando utilizar la figura del artículo 49,3 y saltarse así la votación en el Congreso. Como finalmente ocurrió.

El sistema público de pensiones de Francia supone para las arcas del Estado alrededor de un 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), situándose muy por encima de la media de la Unión Europea (UE), que es el 9,5 por ciento, lo que le ha convertido en uno de los países de la región con más gasto en este rubro. De ahí que desde las instituciones comunitarias se esté exigiendo a Francia y a otros muchos países, como España, Portugal Italia, Polonia y Bulgaria, entre otros, a realizar una serie de reformas para garantizar la subsistencia del sistema de pensiones pero sin aumentar el déficit público del 3 por ciento, que es a su vez una exigencia invariable del Tratado de Maastricht para mantener viva la unión monetaria y financiera.

La reforma de Macron para reducir el déficit prevé un aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años en 2030, incrementar el periodo de cotización de 42 a 43 años para tener derecho a la pensión completa, asegurar una pensión mínima de mil 200 euros al mes –ahora está en 916 euros– y eliminar determinados privilegios a algunos colectivos, como los trabajadores de los sectores de la energía, los transportes, la policía y el Ejército. El plan también tiene previsto unificar las pensiones y terminar así con un modelo que recoge más de cuarenta regímenes distintos.

Los sindicatos y la ciudadanía llevan varias semanas de lucha en las calles, con hasta ocho jornadas de movilizaciones masivas y seis huelgas generales, en las que se han paralizado servicios esenciales para el funcionamiento de un país, como la recogida de basura, los trenes y el transporte. Y ahora, ante la utilización por parte de Macron de la vía del decreto presidencial, todo apunta a que se abrirá una nueva crisis política y social. De hecho los propios sindicatos advirtieron que haber utilizado el decreto para aprobar esta reforma supone “el fin de la vida democrática, así que habrá más movilizaciones”.

Además de la protesta de algunos partidos de la izquierda insumisa francesa, quienes tras conocer la medida en voz de la primera ministra, Elisabeth Borne, se levantaron del pleno y entonando la Marsellesa, el himno nacional de Francia, exigieron su dimisión y la abuchearon. La tensión creció hasta el punto que se decidió suspender la sesión parlamentaria. Pero el anuncio del decreto y por tanto la aprobación de la reforma ya estaba hecho.

Y ahora sólo hay una vía para suspender la tramitación, que es la presentación de una moción de censura contra Macron y que esta salga adelante, para lo que el resto de partidos parlamentarios tiene un plazo máximo de 24 horas para presentarla y 48 para votarla.Tanto la ultraderecha de Marine Le Pen como la izquierdista de la Francia Insumisa ya anunciaron su intención de hacerlo, pero su éxito dependerá de alcanzar la mayoría absoluta, que se sitúa en los 289 escaños. Cabe recordar que el partido de Macron tiene 250 y su aliado, Los Republicanos, 61.