Diputados de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) acusaron que la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, a cargo de Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, ha dejado de presentar denuncias penales y mantiene un alto número de casos sin resolver, lo cual impide recuperar más de 309 mil millones de pesos y sancionar funcionarios y personas privadas.

Se trata de una cifra relevante, debido a que el histórico de recuperaciones probables desde 2000 a 2021, asciende a 409 mil millones de pesos.

En una reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para dar seguimiento al Informe de la Cuenta Pública 2021, los legisladores cuestionaron a Ibáñez Aguirre que la auditoría a su cargo mantiene un “cuello de botella” en la resolución de pendientes, lo cual implica el riesgo de prescripción de delitos.

Además, alertaron que los casos más rezagados fueron eliminados del sistema de consulta pública de la ASF, precisamente después que la Cámara de Diputados advirtió que el auditor ha eludido su responsabilidad de presentar denuncias penales.

A diferencia de los auditores que se han presentado ante la Comisión de Vigilancia, la reunión con Ibáñez Aguirre se redujo a una hora y media, debido a que el auditor eludió la mayoría de las preguntas de los diputados.

“Estamos confiados de que eso no ha sucedido”, dijo cuando los legisladores insistieron que la mayoría de los probables delitos por desvío de recursos están por prescribir.

Juan Guadalupe Torres Navarro (Morena) resaltó que existen datos muy preocupantes en el manejo de la Auditoría Especial de Seguimiento.

Citó: “del total de las recuperaciones posibles la Unidad de Evaluación y Control, de las cuentas de 2014 a 2020, acciones cuyo seguimiento es responsable la auditoría a su cargo, suman 309 mil 475 millones de pesos”.

El legislador señaló que se trata de la meta que “ustedes deben atender y no han tenido resultados. Son montos sujetos a aclaración, que pueden llegar a sanciones administrativas o denuncias penales. Para señalar la proporción del problema, basta decir que los señalamientos de la ‘estafa maestra’ rondan 8 mil millones y Segalmex 15 mil millones de pesos. Esto quiere decir que, bajo su responsabilidad, existe un cuello de botella casi 20 veces más grande que Segalmex y 40 más veces que la ‘estafa maestra’”.

Torres Navarro le cuestionó si sería preferible que la ASF revisara y corrigiera lo que no funciona.

Ibáñez Aguirre, quien colaboró en el gobierno de Gabino Cué en Oaxaca y es socio en el despacho del auditor David Colmenares, carraspeó. Después de tomar agua, expresó: “El mayor éxito que se ha tenido es haber creado la Auditoría Especial de Seguimiento, y la voy a seguir defendiendo, no por terquedad, sino porque estoy convencido que es la mejor estrategia”.

La diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN) dijo que hay ejemplos de cómo delitos de casos a cargo de la Auditoría Especial de Seguimiento están por prescribir.

Citó que en la auditoría forense 275-DS, de 2017, practicada a Diconsa, se determinaron cuatro acciones por pagos indebidos, que a la fecha siguen con el estatus de “en seguimiento”, por un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 378 millones de pesos.

“¿Alarmante, no? Y, peor aún, lo anterior también se actualiza por cuanto a las prescripciones de las responsabilidades penales si explora las disposiciones en la materia, y este es solo un ejemplo de muchos”, cuestionó.

En la serie de críticas al auditor, el diputado Daniel Gutiérrez (Morena) refirió que, en el diagnóstico de noviembre de 2022, la Unidad de Evaluación y Control detectó que, a octubre de ese año, la ASF reportaba 5 mil 593 acciones en seguimiento –es decir, congeladas-, de las cuales 617 correspondían a cuentas públicas de 2010 a 2016.

No obstante, tras las conclusiones de la UEC, esas 617 desaparecieron y ya solo se encuentran en el sistema público las acciones de las cuentas públicas de 2017 a 2021.

El legislador oaxaqueño preguntó cómo fue posible que, después de años de estar en trámite, esos casos fueron “depurados” en menos de tres meses.

Ibáñez Aguirre justificó que el área a su cargo realizó un “esfuerzo muy grande. Se depuró, se logró. Seguramente la UEC lo irá a verificar”.