Tras un “diagnóstico serio y profundo sobre el Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT)”, la Tesorería de la Federación (Tesofe) encontró “la necesidad de realizar un reordenamiento de las cuentas” bancarias de las diversas dependencias, lo que implica el cierre de las que se abrieron en otras administraciones sin justificación y la reapertura de aquellas pertinentes, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un comunicado, la dependencia aclaró que el Acuerdo por el que se modifican las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de enero, es de corte administrativo y no implica cerrar todas las cuentas bancarias que tiene el gobierno federal con la banca privada.

“El acuerdo antes mencionado está encaminado a actualizar el registro de las cuentas por excepción, elaborando una nueva base de datos que sigue lineamientos de apertura, gestión y cancelación que harán más transparente y efectivo su manejo. Por lo tanto, este proceso no afecta a otro tipo de cuentas pertenecientes al sistema CUT y menos aún a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, explicó.

En el transitorio tercero de dicho acuerdo se consignó que, “a más tardar el 31 de marzo de 2023”, las dependencias y entidades deberán cancelar “todas las cuentas bancarias que tengan autorizadas por la Tesorería de la Federación, previo a la entrada en vigor de este Acuerdo modificatorio”.

“La omisión de esta obligación se hará del conocimiento por la Tesorería de la Federación al órgano interno de control o su equivalente en las Dependencias y Entidades, para su competencia en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos”, amplió.

Ahora, Hacienda reportó que parte del reordenamiento de las cuentas es cerrar aquellas que no tienen autorización de la Tesofe, debido a que se encontraron varias con inconsistencias, “como estar aperturadas desde hace varias décadas por gestiones pasadas, sin contar con información de saldo, abiertas bajo el nombre de personas que ya no están en la función pública, con errores de clasificación, entre otras”.

“Con el desorden administrativo se presentaba el riesgo de actos de corrupción, mismos que la actual administración combate en todas sus expresiones, por lo cual todas las dependencias y entidades de este gobierno han iniciado el proceso de cierre de viejas e injustificadas cuentas y la reapertura de aquellas pertinentes”, amplió.