Tanto el gobierno federal como la iniciativa privada reconocieron que ambos actores, junto a la sociedad, se necesitan para prevenir una mayor escasez de agua en el territorio nacional, luego de que se espera que para este año disminuyan las precipitaciones pluviales 25 por ciento frente a 2022.
En un foro organizado por el Consejo Consultivo del Agua (CCA), Alejandra Icela Martínez Rodríguez, subdirectora general de Administración en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), comentó que solamente casi dos tercios de la población en México tiene acceso al líquido diariamente en sus hogares y cuenta con saneamiento básico.
Destacó que 14 entidades federativas tienen un rezago en el acceso al agua y sólo se cobra el 40 por ciento del suministro, pues el resto se pierde por fugas, la falta de pago, entre otros factores.
La funcionaria destacó que el actual gobierno federal tiene 12 proyectos prioritarios para evitar el desabasto del líquido, como es terminar la presa Zapotillo, en Jalisco o la restauración de la zona que estaba destinada a ser el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco.
Raúl Rodríguez, presidente del CCA, resaltó que es indispensable reconocer que se avecina un problema fuerte, pues sólo este año Conagua estima que el nivel de lluvias para este año será menor en 25 por ciento frente a 2022.
Abundó que es necesario contar con una hoja de ruta en la que estén implicados el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad para atacar el problema, pues el diagnóstico ya está, pero hace falta contar con las soluciones.
Asimismo deben tener certeza jurídica, por lo que consideró que no es necesario abrogar la Ley de Aguas Nacionales y reglamentar la Ley del Derecho Humano al agua, pues estas pueden convivir.
Rodríguez refirió que 9 millones de mexicanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no tienen ningún tipo de acceso al agua y viven en las zonas más marginadas del territorio nacional.
Apuntó que estamos viviendo una crisis por el líquido y de no atenderse, problemas como la escasez, la sobreexplotación, contaminación e inequidad en el acceso, darán origen a conflictos sociales y económicos.
Rubén Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, comentó que el país requiere hacer una nueva legislación sobre el líquido, que sea más apropiada para que sea congruente en derechos humanos y productividad.
Dijo que de los más de 2 mil organismos de agua que existen en los municipios del territorio nacional, sólo el 10 por ciento operan en números negros y el resto está en quiebra.
Anotó que no se ha atendido este problema que podría ser resuelto con la intervención estatal.
