Reynosa, Tamps. Integrantes de la familia Rodríguez informaron que solicitaron al gobierno de Tamaulipas una compensación por el despojo millonario de sus tierras ocurrido en 1996 “como resultado de un contrato de mandato y un supuesto contrato de donación”.

 

Los hermanos Rodríguez presentarán el caso ante los tribunales. 

 

La afectada, Dora Benavides, en calidad de albacea y única y universal heredera declarada así por un juez, firmó al igual que Graciela Domínguez, un contrato de mandato con SIPOBLADURT, actualmente Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

 

"Cabe destacar que su actual director jurídico, Miguel Angel Trejo Tovías, ocupó el mismo cargo en 1999 y conoce de primera mano los abusos cometidos contra la mujer de la tercera edad", denunció la familia.

 

Los Rodríguez ya tuvieron con él un acercamiento en ITAVU y le solicitaron un informe y rendición de cuentas a lo que el funcionario de manera lacónica respondió: “Demándenos”.

 

El contrato de mandato tenía una duración de un año y medio y su finalidad era la de comercializar y regularizar – no donar- algunos predios dentro de las 75 hectáreas que actualmente se conocen como la colonia Lomas de Jarachina.

 

Al finalizar el contrato, cada viuda recibió 59 mil pesos como pago total del mismo y se suponía que las tierras les serían devueltas. Sin embargo, señalaron los Rodríguez, esto fue ignorado por el organismo descentralizado que siguió actuando como propietario de las mismas.

 

Actualmente hay negocios y viviendas en los terrenos en cuestión. La familia Rodríguez argumenta que SIPOBLADURT se apoderó de otras 66 hectáreas a través de un contrato de donación, el cual contó con la certificación del notario y licenciado Jesús Miguel Gracia Riestra, titular en ese momento de la notaría 25 de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los denunciantes advierten que el instrumento jurídico no cuenta con autorización judicial y presenta numerosas irregularidades de forma y de fondo por lo qué está afectado de nulidad absoluta, lo que próximamente harán valer ante las autoridades correspondientes.

 

Indicaron que otra manifiesta irregularidad es que dicho contrato de donación comparte actualmente el mismo número de registro en el Instituto Registral y Catastral de Ciudad Victoria que posee con el fraccionamiento campestre de Reynosa.

 

“Tantas irregularidades no sólo afectan a la sucesión testamentaria de la señora Benavidez García, sino a cientos de familias que han obtenido títulos de propiedad que se desprenden de un acto afectado de nulidad”, reclamaron.

 

Otro ejemplo de que se extralimitaron en sus funciones, es el caso del tianguis de Jarachina, donde el organismo descentralizado le donó al municipio de Reynosa el terreno donde se encuentra asentado. Quien a su vez, les otorgó a los locatarios títulos de propiedad.

 

Asimismo realizaron otra donación de dos hectáreas, dónde actualmente se ubica una cancha de fútbol. Por todo esto, en el 2007 una de las propietarias realizó una interpelación notarial con la finalidad de evitar que ITAVU continuara usufructuando con dichos predios, a lo que claramente hicieron caso omiso .

 

La familia Rodríguez ya expuso su caso al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una reciente conferencia mañanera a fin de buscar justicia y ha expresado su confianza en el gobierno federal que ya se está involucrando bajo la premisa presidencial de que -independientemente cuál sea la instancia de gobierno que resuelva el caso, “nos compete por ser un acto de justicia”.

 

La mayoría de las propiedades de la familia, localizadas en Reynosa, ya fueron vendidas o donadas indebidamente por ITAVU a un precio irrisorio, como ejemplo la venta de 3 hectáreas al ex alcalde Serapio Cantú Barragán a un precio de 11,500 pesos, según argumenta la familia afectada.