Guadalajara, Jal. Ante la falta de avance de una denuncia interpuesta en marzo de 2021, vecinos de Huentitán acudieron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para presentar una ampliación a la misma, en la cual se plantea reconocer como víctimas a los tres estudiantes universitarios sometidos a proceso penal en curso, tras haber sido vinculados luego de sus acciones para evitar que el desarrollo habitacional Iconia siga construyéndose en un terreno adquirido para destinarlo a parque público.
Javier Armenta, uno de los tres estudiantes que fueron detenidos, encarcelados durante tres días y a quien se le sigue proceso penal por denuncia de la empresa constructora de Iconia, dijo que la denuncia fue presentada el 29 de marzo de 2021 y desde entonces la FECC sabe de los señalamientos de corrupción, de “hechos posiblemente delictuosos” entre lo que incluyó peculado y administración fraudulenta.
La dependencia a cargo de Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar no ha avanzado pese al tiempo transcurrido en la denuncia de un tema que involucra al actual alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y al gobernador Enrique Alfaro, ambos del partido Movimiento Ciudadano, agregó Armenta.
“Esta denuncia no quedará aquí, le daremos vista a cada integrante del Sistema Estatal Anticorrupción porque es un caso de corrupción sistematizada (...) Pediremos también cita en la Contraloría Estatal, en el Consejo de la Judicatura, en el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa”, dijo.
Arturo Mendoza Montaño, activista de la asociación civil Únete Huentitán, afirmó que por años han peregrinado por dependencias de los tres niveles de gobierno en busca que se investigue el caso de corrupción en Iconia, pero hasta ahora no hay autoridad que haya entrado de lleno al tema en el que están involucrados cientos de millones de pesos y administraciones locales emanadas del PAN, el PRI y ahora MC.
Dijo que a la par de la ampliación de la denuncia presentada por Javier Armenta, fue presentada también una denuncia en contra del gobernador Alfaro y el alcalde Lemus, ya que afirmó existe un dictamen emitido en 2021 por parte del Consejo Ciudadano Metropolitano, el cual reconoce que el predio de Iconia debía ser recuperado por los incumplimientos de la empresa a la que se le cedió, pese a lo cual las autoridades siguen siendo omisas.
“Esta FECC cuesta más de 74 millones de pesos, sale muy cara, su director (De la Cruz) gana 115 mil pesos mensuales y ¿para qué? Nosotros somos afectados, ahora que detuvieron a los estudiantes ¿dónde estuvo esta fiscalía? En lugar de defender a los ciudadanos, parece que la FECC protege los intereses del gobierno”, acusó.
A las afueras de la sede de la FECC, el grupo de defensores y ambientalistas dijo que si en 30 días no hay respuesta, se irá de nuevo a instancias federales y si ahí tampoco logran obtener respuesta a sus demandas, entonces se acudirá a instancias internacionales porque “basta ya de corrupción en un caso como el de Iconia que si uno le pica sale pus por donde sea”.
Desde febrero pasado las obras están detenidas tras una suspensión otorgada a los quejosos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, contrario a la nula acción que han tenido las autoridades estatales.
