La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) obtuvo órdenes de aprehensión contra 22 personas vinculadas a los desvíos de recursos en el organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para la supuesta compra de más de 7 mil toneladas de azúcar.

Las acusaciones contra ex funcionarios de Segalmex y directivos de la empresa Servicios Integrales Carregín son por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refieren que los desfalcos cometidos entre 2019 y 2020 en contra de Segalmex, cuando su director era Ignacio Ovalle Fernández, ascienden a más de 10 mil millones de pesos.

Hasta ahora en ningún expediente hay responsabilidades fincadas contra el ex director del organismo.

La Fiscalía General de la República (FGR) puntualizó que el caso de la supuesta compra de azúcar es el sexto que judicializa a partir de cuatro carpetas de investigación sobre los desfalcos a Segalmex.

Existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado mexicano, agregó.

Segalmex es parte del sector que encabeza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Azúcar que no llegó

El Ministerio Público federal sostiene que los 22 imputados tuvieron responsabilidad en una compra de más de 25 mil toneladas de azúcar que Diconsa, el brazo de Segalmex para la distribución, pretendía hacer a Carregín.

Para esa operación las partes firmaron un contrato en 2020 por 465 millones de pesos, pero en la entrega del producto hubo incumplimientos.

La indagatoria del caso se convirtió en causa penal, por la cual los acusados no tendrán derecho a la libertad bajo fianza.

Según las investigaciones, hubo una entrega simulada de 7 mil 800 toneladas con un precio total de 145 millones de pesos, pero nunca se acreditó que el producto hubiera quedado a disposición de Diconsa.

La FGR inició casi 30 carpetas de investigación por desvíos de recursos en Segalmex por cerca de 10 mil millones de pesos, según reportó en primicia La Jornada.

Este diario también reveló en su momento que las indagatorias comenzaron en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FECC), que encabeza María de la Luz Mijangos Borja. Luego se acumularon en la Femdo, a cargo de Alfredo Higuera Bernal.

Los imputados

La FGR informó ayer que de los 22 imputados, 12 fueron servidores públicos de Segalmex, cuatro pertenecen a empresas coludidas y seis más se beneficiaron de los desvíos.

De acuerdo con registros del Poder Judicial de la Federación, el principal ex funcionario señalado en este caso es René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex.

Gavira ya enfrenta dos procesos penales más por fraudes a las finanzas públicas, por más de 4 mil millones de pesos. Está acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad en la que un servidor público autoriza operaciones económicas ilícitamente.

La investigación señaló que en 2019 el ex funcionario autorizó la inversión de más de 850 millones de pesos del presupuesto de Segalmex en valores bursátiles.

En el expediente consignado, la Femdo puntualizó que todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal.

Por ello señala como parte de una red de complicidad a Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Liconsa, productora y comercializadora de Segalmex; Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente de la unidad operativa Querétaro; Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de asuntos jurídicos y José Rafael Domínguez Ortiz, ex subdirector de tesorería general.

También están acusados Jesús Morales Garza, ex gerente en la dirección comercial encargado de la contratación de granos y azúcar, y Roberto Rivera Ramos, ex subgerente en la dirección comercial y a cargo de la programación de adquisiciones.

Según el pliego de consignación, fueron señalados de participar en el desvío de recursos los socios de Carregín Javier Adán Tinoco, apoderado legal, y los accionistas Ivannna Pomar y Saúl Romero.