Dentro de la trama de corrupción que Genaro García Luna operaba en alianza con su círculo más cercano, se usaba una empresa a su nombre con la que se triangulaban de manera irregular millonarias sumas con la ruta México-Barbados-Miami, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, quien enfatizó que esto forma parte del núcleo central del juicio que se ha emprendido en Florida para recuperar los recursos del erario.

GALERÍA: Revelan entrañas del búnker de García Luna

Entre 2006 y 2018 ese entramado, que incluía a tres empresas internacionales y una nacional, el ex secretario de Seguridad Pública facturó una cantidad espeluznante de más de 700 millones de dólares por servicios (alrededor de 14 mil millones de pesos) por una treintena de contratos con dependencias de seguridad de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y otras instancias, como el Partido Acción Nacional, con el que firmó un servicio por más de un millón de pesos en abril de 2015, cuando el presidente del albiazul era Gustavo Madero.

Durante la conferencia presidencial de ayer, Gómez detalló información sobre la gama de complicidades de cuatro empresas ligadas a quien fuera la mano derecha de Calderón en materia de seguridad y que días atrás fue declarado culpable de cinco cargos por narcotráfico y crimen organizado en una corte de Estados Unidos.

En la red están involucrados miembros de su familia, como su esposa Linda Cristina Pereyra; su ex colaborador Luis Cárdenas Palomino, y una familia estadunidense de apellido Weinberg, entre otros, que pudieran estar implicados en actividades irregulares. Las triangulaciones se habrían dado entre Barbados, Israel, Panamá y Miami.

Presentaron entre 10 y 15 denuncias ante la FGR

Con base en esta información, el gobierno de México emprendió un proceso civil en una corte en Miami, Florida, con el objetivo de recuperar los millonarios recursos, por lo que la UIF presentó entre 10 y 15 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se está a la espera de las indagatorias y las órdenes de aprehensión.

No sólo están indiciados, están abiertas carpetas de investigación, hemos insistido en la FGR que es necesaria la solicitud de las órdenes de aprehensión, los Weinberg están denunciados en México, estos de la holding estadunidense están denunciados por el gobierno mexicano ante la FGR y están en la carpeta de investigación de la fiscalía.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera –que ayer se realizó en el llamado búnker ahora a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que en su momento fue la sede emblema de García Luna–, el jefe de la UIF detalló que las cuatro empresas ligadas a esta operación son: Nunvav Inc, constituida en Panamá el 13 de octubre de 2005; Nunvan Technologies INC, constituida en Panamá el 19 de diciembre de 2013, y Nice Systems Limited, constituida el 28 de septiembre de 1986 en Israel; todas ellas controladas corporativamente por una sola familia en Estados Unidos, que se apellida Weinberg. La cuarta es Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, constituida en México el 12 de septiembre de 2014 y cuyos accionistas mayoritarios son el propio García Luna y su esposa.

A partir de esa última compañía se daban las conexiones con las otras y el dinero salió de México rumbo a Barbados y después de ahí terminó en Florida.

El informe presentado por Gómez –que hace unos días fue anticipado a una publicación– detalla que entre 2006 y 2012 (periodo de Calderón), dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos, sin licitación, con compañías involucradas en el entramado García Luna por un monto de 316 millones 675 mil 995 dólares.

Las dos corporaciones que firmaron convenios con las compañías vinculadas con el ex colaborador de Calderón fueron la Policía Federal –a cargo entonces del comisionado Rodrigo Esparza, y en uno de ellos intervino Cárdenas Palomino, que fue titular de la División de Seguridad Regional, actualmente preso por otros motivos– y el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (prisiones federales) a cargo del comisionado Eduardo Enrique Gómez García.

La información obtenida por la UIF también revela los vínculos de la red de empresas de García Luna con dependencias federales de seguridad en el sexenio 2012-2018 (Peña Nieto). Con esa administración se firmaron 19 contratos por un total de 410 millones 101 mil 358.51 dólares y 363 millones 866 mil 666.60 pesos.

Catorce con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que dirigía Eugenio Ímaz, y cinco con el organismo federal de prisiones federales, que encabezaba Eduardo Guerrero Durán, ambas dependencias bajo administración de la Secretaría de Gobernación.

También con PAN y CDMX

El 24 de abril de 2015, Glac firmó un contrato con el PAN por un servicio con costo de un millón 160 mil pesos. En este caso Gómez destacó que los vínculos del ex secretario con el albiazul eran cercanos al grado de tener un vínculo comercial, esto en alusión al actual intento de deslinde del panismo de García Luna.

En ese mismo sexenio, añadió el titular de la UIF, estas empresas tuvieron tres contratos con dependencias del gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Ángel Mancera.